Los extranjeros en situación administrativa irregular solo deberán firmar una declaración responsable para poder ser atendidos en cualquier centro de salud
El Consejo de Ministros ha aprobó este martes el proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, que blindará el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para todas las personas españolas que residan en el extranjero, los extranjeros que vengan por reagrupación familiar y para toda persona residente en España con independencia de su condición administrativa. Es decir, se restituye el derecho a la asistencia sanitaria a todos los inmigrantes que vayan a residir en España aunque estén en situación irregular,
El texto de esta propuesta legislativa amplía así el derecho a la asistencia sanitaria a los ascendientes reagrupados por hijo o hija titular del derecho cuando estén a su cargo, y a los españoles de origen y sus familiares residentes en el exterior cuando se desplacen temporalmente a territorio español.
Además, la norma recupera la cartera común de servicios única y establece las garantías necesarias para que no se puedan incluir nuevos copagos.
«Queremos garantizar el acceso universal y desterrar para siempre la exclusión sanitaria que trajo el Partido Popular en 2012 con una ley, y queremos cerrar esa herida porque creo que es una de las lecciones que aprendimos durante la pandemia: nadie está a salvo hasta que todo el mundo está a salvo», defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Sanidad, Mónica García.
También tendrán derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia en España personas solicitantes de protección internacional; personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal; víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión; y personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.
En el caso de las personas en situación irregular, la asistencia -que no genera un derecho de cobertura fuera del territorio español- será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos: no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen y no existir un tercero obligado al pago.
Estos requisitos podrán acreditarse mediante la presentación de una declaración responsable, sin menoscabo de que, posteriormente, al resolverse el procedimiento administrativo, se deba gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado al pago.
Respecto a la prestación farmacéutica, todos los grupos antes mencionados se incorporan al sistema para que no tengan que pagar el 100% de los medicamentos. El proyecto de ley recupera, además, la cartera común de servicios única, que agrupa la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios, y se garantiza que no se puedan incluir nuevos copagos.
