Será su cuarta comparecencia en los juzgados de Plaza de Castilla, esta vez por la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez
Será la cuarta vez que Begoña Gómez acuda a los juzgados de Plaza de Castilla. En dos ocasiones no llegó a declarar —una por falta de traslado de la querella y otra al acogerse a su derecho a no hacerlo—, y en diciembre de 2024 respondió a las preguntas de su abogado durante 35 minutos. Negó cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense y rechazó haber mediado a favor del empresario Juan Carlos Barrabés.
El juez Juan Carlos Peinado centra ahora la investigación en la contratación y cometido de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa desde 2018. Por esta línea abrió una pieza separada en la que declaró Félix Bolaños, entonces secretario general de Presidencia. El Supremo descartó investigarle por falta de indicios, pero en agosto el magistrado imputó a Gómez y a Álvarez por presunta malversación.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado acotar la causa a determinar si la asesora se excedió en sus funciones para favorecer a Gómez mediante el uso indebido de recursos públicos. Pese a que en un primer momento Peinado descartó este delito para ambas, ahora la investigación sigue adelante tras las resoluciones judiciales, informa Efe.
En la causa permanecen imputados también Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid y ex secretario general de Presidencia, así como el empresario Juan Carlos Barrabés. Todos ellos están señalados en distintas piezas derivadas de la denuncia presentada por Manos Limpias.
El juez ha pedido nuevas diligencias sobre la pieza separada, como los correos electrónicos enviados y recibidos desde una cuenta oficial asignada a Gómez desde julio de 2018 y la relación de secretarios generales de Presidencia que han ocupado el cargo desde el nombramiento de Álvarez. Con estas pruebas pretende delimitar si hubo desvío de recursos públicos en beneficio de intereses privados.
La imputación por malversación se añade a otras acusaciones previas, entre ellas tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que en conjunto podrían acarrear una condena de hasta 23 años de prisión.
