El juicio comienza hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, con una petición fiscal de más de 15 años de cárcel para el acusado
La Audiencia Provincial de Madrid acoge desde hoy el juicio por el crimen cometido tras una cita concertada a través de Wallapop en Santa Eugenia. La Fiscalía solicita una condena de 15 años y seis meses de prisión para un joven colombiano de 23 años acusado de atropellar mortalmente a un joven venezolano de 26 años durante un intento de robo.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de julio de 2024. La víctima mortal y su novia habían quedado en la estación de Atocha Renfe con el presunto comprador para venderle un iPhone 15 Pro Max nuevo por 1.300 euros.
Según el relato de la Fiscalía, el comprador se ofreció a llevar a la pareja en su coche, un Tesla alquilado días antes, hasta su domicilio en Vallecas. Durante el trayecto, el dinero seguía sin reflejarse en la cuenta bancaria del vendedor, lo que levantó las sospechas de la víctima mortal y su novia.
La acusación sostiene que, ya en las inmediaciones de la estación de Renfe de Santa Eugenia, el acusado aprovechó que el teléfono móvil había quedado en el interior del vehículo para introducirse de forma sorpresiva en el coche y arrancar, con la intención de huir sin pagar. Al percatarse de la maniobra, la víctima se agarró al asiento delantero izquierdo para intentar impedir la fuga.
Lejos de detenerse, el acusado continuó la marcha. Como consecuencia de la maniobra, el joven fue atropellado mortalmente. Tras el atropello, el conductor siguió huyendo a gran velocidad hasta que, a unos 200 metros del lugar del crimen, colisionó contra otro coche y una furgoneta estacionados en la calle.
Después del choque, el acusado abandonó el vehículo y escapó a la carrera, llevándose consigo el teléfono móvil y perdiendo en la huida su DNI. Horas más tarde, llegó a la localidad de Parla, donde se entregó en una comisaría de la Policía Nacional, informando de que había sufrido un accidente en Vallecas.
El acusado permanece en prisión provisional desde 2024. La Fiscalía le imputa un delito de homicidio y otro de robo con violencia, y reclama, además, indemnizaciones para los padres de la víctima y para las aseguradoras por los daños materiales causados.
