La Fiscalía ve indicios de posible prevaricación por supuestas irregularidades en el hospital, mientras que la Comunidad de Madrid lo niega
Un juzgado de Torrejón de Ardoz ha abierto diligencias en relación con el caso por las supuestas irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz por parte de Ribera Salud, después de que la Fiscalía haya visto un posible delito de prevaricación.
La Fiscalía de Alcalá de Henares ha valorado los hechos denunciados por el PSOE, el letrado Francisco Javier Flores Vaquerizo, la asociación Defensor del Paciente y otra persona.
Según el Ministerio Público, las posibles irregularidades «consistirían en diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos», según recoge EFE.
La Fiscalía ha considerado recientemente que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación y ha acordado la incoación de diligencias de investigación procesal.
Tras conocerse la apertura de diligencias, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha asegurado que no ha habido irregularidades en el Hospital de Torrejón de Ardoz.
Además, García ha subrayado que se trata de «un trámite previo y ordinario que no presupone absolutamente nada por parte de la Comunidad de Madrid». Según sus palabras, se han realizado auditorías de forma anual, incluso extraordinarias, y «no se ha detectado irregularidad alguna».
El juzgado también ha decidido acumular varias de las denuncias presentadas, entre ellas las del abogado Javier Flores, una persona anónima y la asociación El Defensor del Paciente. En el caso del letrado, Flores ha pedido que se investigue si los gerentes del centro han incurrido en delitos como prevaricación administrativa, contra la salud pública, lesiones, homicidio imprudente y coacciones.
Por su parte, Más Madrid también ha denunciado ante la Fiscalía la presunta comisión de seis delitos por parte de Ribera Salud, entre ellos malversación, prevaricación administrativa, lesiones, administración desleal y omisión de perseguir delitos. Todo ello tras los polémicos audios del CEO de la compañía que fue apartado de la gestión del hospital.
