El Pleno ha aprobado de forma inicial la ordenanza, con implantación prevista en 2026 y críticas de la oposición por su alcance y coste
El Ayuntamiento de Coslada ha dado luz verde inicial a la creación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras la celebración de un Pleno municipal extraordinario. Según ha explicado el Consistorio, la medida supone un paso clave para mejorar la calidad del aire y alinearse con la nueva Directiva Europea de Calidad del Aire 2030, que fija estándares más exigentes en materia de salud ambiental, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Desde el Ayuntamiento se señala que el objetivo principal de la ZBE es reducir los niveles de contaminación atmosférica y avanzar hacia un entorno urbano más saludable. La mala calidad del aire provoca cada año en España alrededor de 25.000 muertes prematuras, una cifra que, trasladada a la población de Coslada, se traduce en unas 50 muertes tempranas anuales. Asimismo, el Consistorio recuerda que numerosos estudios vinculan la contaminación con enfermedades respiratorias como el asma o la EPOC, patologías cardiovasculares, ictus, cáncer de pulmón, partos prematuros y alteraciones en el desarrollo infantil, además de efectos negativos sobre la salud mental y el descanso derivados del exceso de ruido.
El Ayuntamiento subraya que, para cumplir con los nuevos objetivos europeos, Coslada necesita reducir en torno a un 30 % sus niveles actuales de contaminación, siendo la Zona de Bajas Emisiones la principal herramienta para alcanzar esta meta. El tráfico rodado constituye la principal fuente de emisiones en el ámbito urbano y, en el caso del dióxido de nitrógeno, representa más del 60 % de la contaminación en el municipio.
Según ha detallado el Consistorio, la ZBE priorizará la circulación de los vehículos con mejor comportamiento ambiental, teniendo en cuenta que los vehículos sin etiqueta de la DGT emiten hasta ocho veces más que los de etiqueta B, doce veces más que los C y treinta veces más que los ECO.
La implantación está prevista para el segundo trimestre de 2026, con un periodo inicial de seis meses de información y acompañamiento a la ciudadanía, y afectará exclusivamente a los vehículos no residentes que carezcan de etiqueta ambiental.
Las estimaciones técnicas municipales apuntan a que la ZBE permitirá reducir en su primer año más de un 10 % las concentraciones de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión. Además, el Ayuntamiento sostiene que la medida servirá como base para una mejora integral del espacio público, con actuaciones como nuevas peatonalizaciones, entornos escolares más seguros, impulso de los carriles bici y calles más tranquilas y accesibles.
Críticas de PP y Vox
El Partido Popular de Coslada ha votado en contra de la aprobación inicial de la ZBE. Su portavoz, Paco Becerra, ha explicado que «el PP se opone a este modelo por ser excesivo, restrictivo y recaudatorio», al afectar al 96 % del territorio municipal y contemplar sanciones de hasta 260 euros. Aunque ha reconocido la necesidad de mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, ha defendido que el proyecto «no garantiza una implementación justa, equilibrada y eficaz para todos los ciudadanos y sectores económicos de Coslada».
Los populares han presentado casi 20 iniciativas para modificar el texto, entre ellas una implantación progresiva, una aplicación experimental durante 12 meses, permisos para residentes y profesionales, y un plan municipal de ayudas y bonificaciones fiscales para la renovación de vehículos. «Quiero denunciar que todas ellas han sido denegadas por el equipo de Gobierno», ha añadido Becerra, quien ha asegurado que «este modelo ataca los intereses de los vecinos», motivo por el que su grupo votó en contra.
Por su parte, Vox también ha rechazado la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Coslada. El grupo municipal ha advertido de que la ZBE tendrá un coste inicial de 1,2 millones de euros, además de 45.870 euros anuales de mantenimiento, de los cuales 750.000 euros corresponderían únicamente a la instalación de cámaras, según sus cálculos.
Desde Vox califican la medida de «injusta e innecesaria» y ya alertaron de graves irregularidades en el procedimiento de aprobación de la ordenanza. El grupo señaló en su día que la jurisprudencia reciente ha anulado ordenanzas similares en otras ciudades por «falta de informes, ausencia de motivación, vulneración de derechos fundamentales y otras irregularidades de procedimiento».
