Las secuelas le provocaron un grado total de discapacidad
La Audiencia Nacional ha condenado a la aseguradora de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) a abonar una cantidad de 1,2 millones de euros por las secuelas que sufre un niño al que no se le diagnosticó en 2010 un tumor en el corazón al nacer y que luego derivó en una parada cardiorrespiratoria.
La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estima el recurso de la familia, tramitado por los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente, y establece que la doctora del hospital madrileño en el que se atendió al menor «cometió un error al diagnosticar como rabdomioma el tumor que resultó ser un fibroma».
También expone que la prescripción por parte de otro facultativo del fármaco actithiol «pudo ser desencadenante de la parada cardiorrespiratoria» causante de las secuelas que sufre el menor, pues uno de los efectos es alteración electrocardiográfica y aumento del intervalo de los movimientos del corazón.
El tribunal ha establecido la cuantía a través de una valoración de las secuelas «irreversibles y gravísimas por mala praxis».
El menor nació el día 16 de septiembre de 2010 y desde su nacimiento comenzó a llevar un seguimiento con revisiones periódicas en el Servicio de Pediatría y de Cardiología de un hospital madrileño en el que su cardióloga le valoró a los dos meses de vida, siendo diagnosticado de «probable rabdomioma único ventricular derecho».
En la revisión de los 3 meses se confirmó el diagnóstico, pero al no haber compromiso hemodinámico, se decidió no intervenir de esta lesión. Luego, el 19 de noviembre los padres llevaron al menor a las Urgencias por un catarro en el que se le administraron varios fármacos, incluido actithiol.
Dos días después, el recién nacido sufrió un desvanecimiento y no respondía a estímulos y parecía que no respiraba, por lo que volvieron de nuevo al hospital y en Urgencias entró en parada, donde se iniciaron técnicas de reanimación.
Con fecha 22 de marzo de 2013 le fue concedido al menor el ingreso en la Organización ONCE como afiliado permanente con una agudeza visual en ambos ojos y en abril se le reconoció un grado total de discapacidad del 94 por ciento, según ha informado El Defensor del Paciente.
