El sindicato SATSE ya denunció ante la OMS la gestión del Gobierno de España, el país del mundo con más profesionales contagiados
El Sindicato de Enfermería, SATSE, que ya denunció ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) la «pésima gestión» del Gobierno frente al coronavirus, ha denunciado ahora ante la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) «el incumplimiento manifiesto y reiterado de numerosas normativas y directivas europeas, así como legislación española, en materia de prevención de riesgos laborales por parte del Estado español, al no evitar que los trabajadores sanitarios ejerzan su labor desprotegidos contra el COVID-19».
En la denuncia trasladada al órgano de la UE encargado de velar y procurar que los lugares de trabajo sean más seguros y saludables, SATSE realiza «un detallado análisis de las distintas legislaciones, tanto de ámbito europeo como nacional, que no ha cumplido el Estado español para que no peligre la salud y seguridad de sus profesionales sanitarios».
Un «incumplimiento», según SATSE, que ha llevado a España a ser «el primer país del mundo en lo que respecta a sanitarios contagiados», con casi 27.000 afectados hasta el momento, de acuerdo con los datos aportados este martes en rueda de prensa por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
Simón ha explicado que un total de 26.672 profesionales sanitarios se han contagiado por coronavirus desde el inicio de la pandemia en España, lo que supone el 15,4 por ciento del total de casos confirmados hasta la fecha, de los cuales 5.984 corresponderían a la Comunidad de Madrid, tal y como ha detallado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, esta tarde en su comparecía en la Asamblea, donde ha hablado de al menos cinco profesionales fallecidos en la región.

Imágenes: SATSE.
Según SATSE, «además de no respetar el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o la Carta Social Europea, el Gobierno ha hecho oídos sordos a lo establecido, en cuanto a protección de la salud y seguridad en el trabajo, en el Acta Única Europea, el Tratado de Lisboa y el Tratado de Ámsterdam, así como en diferentes directivas comunitarias».
Entre otras directivas, SATSE cita «la Directiva 89/931/CEE, que presta especial atención a la cultura de la prevención; la Directiva 89/654/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo; la Directiva 92/58/CEE en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo; la Directiva 89/655/CEE, sobre la utilización de los equipos de trabajo y la Directiva 89/656/CEE, que se refiere a la utilización de equipos de protección individual».
Asimismo, en el marco del Estado español, el sindicato pone de manifiesto que «también existe normativa específica que no se ha atendido por parte de las autoridades competentes, como la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales o el Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección individual, así como las características de los mismos.»
De otro lado, en la denuncia de SATSE se recuerda que «desde la Unión Europea, a través de los diferentes organismos y agencias que la constituyen, se emitió el 30 de enero una alerta de emergencia internacional, y que los días 3 y 11 de febrero la OMS reiteraba también a los países la necesidad de adquisición de equipamiento, y que, a pesar de estos avisos, desde el Gobierno de España no se realizó ni se consideró necesario el acopio de materiales».

«La Unión Europea realizó un llamamiento a la compra de recursos y materiales sanitarios, de forma reiterada, y aun así el Estado español, seguía manifestando a 13 de febrero de 2020, que España tenía suficiente suministro y equipos personales de emergencia», apunta la organización sindical, que añade que «no ha sido hasta finales de marzo cuando el Gobierno ha procedido a realizar las gestiones oportunas para intentar proveer del material necesario de protección a los profesionales sanitarios».
En definitiva, y como también ha hecho ya con la Comisión Europea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), SATSE ha concluido ante la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo que «el Gobierno no ha actuado con la diligencia necesaria y no ha realizado las acciones adecuadas con la premura y previsión debida al objeto de prevenir la necesidad de medios de protección (EPIs) y planificar y adoptar las medidas necesarias para, dentro de sus posibilidades, paliar la situación».
Por todo ello, ha pedido a esta agencia de la Unión Europea que «inicie el expediente correspondiente para depurar las oportunas responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados y que exija al Estado español que proceda con carácter inminente a la dotación de las medidas de seguridad necesarias a los profesionales sanitarios».
El sindicato, por cierto, la semana pasada trasladó un informe a la OMS en el que concluye que «la pésima gestión ha sido determinante para que España sea el país del mundo con más profesionales contagiados de COVID-19». También trasladó al director general de la organización su «contundente rechazo a las recientes declaraciones del responsable regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, en las que mostraba su respaldo a la actuación del Gobierno» de Pedro Sánchez.