El socialista Javier Rodríguez se sentará en el banquillo el próximo lunes por convocar un Pleno de urgencia sin justificar
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios (PSOE), declarará el próximo lunes como querellado por convocar un Pleno por la vía de urgencia sin justificar, según adelanta ABC.
La juez, en un auto fechado el pasado 4 de diciembre, cita al regidor por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos cívicos reconocidos en la Constitución (artículos 404 y 542 del Código Penal), por celebrar la sesión de presupuestos de 2016 a pesar de que dos ediles del PP no podían acudir.
La Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa contra Rodríguez Palacios tras ser archivada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá, el pasado 17 de mayo. La querella, presentada por el PP, acusaba al alcalde de actuar de mala fe cuando programó la sesión de presupuestos para el 10 de junio por la vía de urgencia, un día en el que ni el portavoz de los populares, Víctor Chacón, ni la responsable de Economía, Emma Castelló, podían acudir.
Tras el archivo, el grupo municipal popular presentó un recurso estimado por la Audiencia Provincial, que consideró crucial la declaración de Rodríguez: «Es imprescindible tomar declaración al querellado para que, si lo estima oportuno, se explique sobre dichas razones de urgencia».
El juez sostuvo que un Pleno de urgencia solo puede convocarse en circunstancias excepcionales, cuya vulneración es susceptible de delito. «Si la convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente se hace por el mero interés del convocante u otra razón espuria, como el propósito de eludir la asistencia de algunos de los concejales (…) nos encontramos ante una resolución arbitraria susceptible de encaje en la tipicidad del artículo 404 del Código Penal (prevaricación)», especificó.
La notificación llega en el momento en que otros cuatro ediles del Gobierno municipal se enfrentan a otro delito prevaricación administrativa por las subvenciones a asociaciones vinculadas con Somos Alcalá y Podemos.
Los concejales imputados por estos hechos han declarado este lunes ante la juez y después han atendido a los medios, ante los que han manifestado su «tranquilidad en que el proceso ha seguido todas las garantías, todos los informes jurídicos y técnicos, incluso con la supervisión de la Intervención; esperamos que cuando la juez termine las averiguaciones se archive», han señalado.
Mientras tanto, el Consejo de Coordinación de Podemos en la Comunidad de Madrid ha suspendido de militancia a los concejales implicados, que han presentado un manifiesto firmado por 50 cargos públicos que muestran su apoyo a los ediles.
Además, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento y concejal de Somos Alcalá, Olga García, ha arremetido este lunes en un comunicado contra el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, por «no respetar la presunción de inocencia» de sus compañeros y suspenderla a ella también cuando no está inmersa en la causa.
García se pregunta «¿por qué en una decisión sobre una injusta causa judicial contra cuatro compañeros se ha incluido a una persona que no forma parte de ese proceso ni está hasta ahora señalada por esa denuncia?» Y acusa a Espinar de persecución política: «cuando no hay ni un solo argumento sólido, se llama persecución».
