CSIF denuncia que «la preocupante escasez de personal sanitario» en las prisiones madrileñas «compromete gravemente la atención médica, la gestión de enfermedades mentales y la seguridad en los centros»
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado «la preocupante escasez de personal sanitario en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid», según los datos actualizados a 1 de diciembre de 2024. De un total de 173 plazas de personal sanitario, 69 están vacantes, «lo que compromete gravemente la atención médica, la gestión de enfermedades mentales y la seguridad en los centros penitenciarios», señala el sindicato.
CSIF pone algunos ejemplos como el de la cárcel de Alcalá-Meco. «En el centro penitenciario Madrid II (Alcalá-Meco), la carencia más preocupante afecta a los médicos, con un déficit del 88%, ya que, de las 8 plazas disponibles, solo una está cubierta», «en el centro penitenciario Madrid I (Mujeres), existe un déficit del 28 % en las plazas de enfermero/a», y «en los centros penitenciarios de Aranjuez y Soto del Real, únicamente 3 de las 8 plazas de médicos están ocupadas, lo que supone un déficit del 63%».
«La situación más grave se registra en el centro penitenciario de Estremera, donde no hay ninguna plaza cubierta de médico, lo que representa un déficit del 100%», denuncia el sindicato, al mismo tiempo que apunta que «los déficits de personal afectan de manera significativa a la atención a internos con enfermedades mentales, que constituyen una proporción creciente de la población penitenciaria».
Algunos de los trastornos mentales graves a los que se enfrentan los profesionales penitenciarios son «trastornos psicóticos, bipolaridad y esquizofrenia, que requieren tratamiento constante»; además, CSIF denuncia «un aumento de intentos autolesivos debido a la falta de apoyo psicológico y psiquiátrico adecuado». «En la mayoría de las prisiones de Madrid la insuficiencia de recursos sanitarios impide un tratamiento adecuado», agrega.
Para el sindicato, «la falta de atención no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también incrementa los riesgos de conflictos internos y amenazas a la seguridad», por lo que insta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a «actuar de manera inmediata» para cubrir las 69 plazas vacantes de personal sanitario en los centros penitenciarios de Madrid y aumentar los recursos para la atención especializada en salud mental, incluyendo médicos psiquiatras y psicólogos clínicos.
También pide proveer incentivos salariales y condiciones laborales atractivas para retener a los profesionales existentes y captar nuevos talentos, así como implicación política para la aplicación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, que en su disposición adicional sexta establecía que los servicios sanitarios gestionados por Instituciones Penitenciarias debían ser transferidos a las comunidades autónomas.
