Se trata de 12 contratos de adquisión de material sanitario por parte del Gobierno de Sánchez
Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre 12 contratos de adquisión de material sanitario por parte del Gobierno que fueron denunciados por el PP de Madrid después de que esta misma Fiscalía comenzara a investigar el contrato de compra de mascarillas del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un decreto, hecho público este viernes, la Fiscalía anuncia que las diligencias de investigación se dirigen sobre las siete empresas presuntamente favorecidas: Industrias Plásticas Playbol, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, FCS Select Products, Member of the Tribe, Weihai Textile Group import & export co, Hyperin grupo empresarial, y Páginas Amarillas Soluciones Sigitales, ahora Beedigital.
Anticorrupcióm, al igual que ocurrió en el caso del contrato que atañe al hermano de Díaz Ayuso, excluye cualquier participación ab initio de personas aforadas, lo que determinaría que sea suya la competencia para investigar estos hechos y no de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
De hecho, la Fiscalía hace referencia al decreto por el que se abrieron diligencias de investigación acerca del contrato del que cobró Tomás Díaz Ayuso tras denunciarlo los grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid.
La Fiscalía considera aquel decreto extrapolable a este y, al igual que con esas denuncias, también ve procedente con esta la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados.
Son contratos de emergencia por importe de 326 millones de euros adjudicados por el Gobierno a siete empresas relacionadas con el entorno de varios ministros del Gobierno y unas ayudas concedidas a una compañía de los padres de Pedro Sánchez. El escrito de denuncia se presentó por «la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos» en la adjudicación de esos contratos.
