Alcalá multa con 751 euros a una asociación de vecinos por pegar dos folios en unos árboles

La Federación Comarcal de Asociaciones Vecinales de Alcalá de Henares (FCAVAH), que agrupa a 17 asociaciones y entidades ciudadanas de la ciudad, ha anunciado que acudirá a los tribunales tras la negativa del Ayuntamiento a anular una sanción de 751 euros que considera injustificada y desproporcionada.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, el origen del expediente se remonta a enero de 2025, cuando fue sancionada por la supuesta comisión de una infracción grave relacionada con la colocación temporal de dos folios informativos en unos árboles durante una recogida de firmas vecinal.

La Federación sostiene que los folios fueron colocados con cinta adhesiva durante aproximadamente tres horas y que no causaron ningún daño al arbolado urbano. Además, recuerda que la acción formaba parte de una campaña informativa dirigida a los vecinos sobre la implantación de la nueva tasa de residuos.

La organización también considera que existe una aplicación desigual de la normativa municipal y señala que en la ciudad se desarrollan habitualmente otras actividades, como la colocación de carteles, elementos publicitarios o instalaciones temporales vinculadas a eventos, que a su juicio generan un mayor impacto sobre el arbolado y no reciben el mismo tratamiento sancionador.

Tras la desestimación del recurso potestativo de reposición presentado ante el Ayuntamiento, la FCAVAH ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo. El juicio está previsto para el próximo 26 de noviembre de 2026.

Para la Federación, el caso va más allá del importe económico de la sanción y plantea una cuestión de fondo relacionada con la participación ciudadana y el papel de las asociaciones vecinales en la vida pública de Alcalá de Henares.

«La respuesta del Ayuntamiento ante una acción informativa pacífica y puntual resulta desproporcionada y genera un efecto disuasorio sobre la participación vecinal», señalan desde la FCAVAH.

La entidad ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de los vecinos y con la mejora de la calidad de vida en la ciudad, al tiempo que confía en que la vía judicial permita «restablecer una interpretación equilibrada y justa de la normativa municipal».