Vox pide suspender la ZBE de Coslada por falta de informes y avisa de posible nulidad como la tasa de basuras en Madrid
El grupo municipal de Vox en Coslada ha registrado una solicitud formal para la suspensión inmediata del procedimiento de aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras constatar que la documentación sometida a información pública es incompleta y no cumple los requisitos fijados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La formación recuerda que ya presentó reclamaciones los días 12 de noviembre de 2025, 18 de febrero y 24 de febrero de 2026, advirtiendo de la falta de informes esenciales.
Según el portavoz de Vox, Isaac García Narros, «la exposición pública contiene solo tres documentos: la ordenanza, el proyecto y el anuncio del BOCM. Nada más». Añade que «los estudios socioeconómicos, el análisis del parque circulante, el efecto frontera, la calidad del aire o la MAIN completa no están publicados, pese a que forman parte del expediente administrativo».
Vox subraya que esta omisión reproduce los defectos que llevaron al TSJM a anular la ZBE de Madrid en 2024 y, recientemente, la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid, según la nota oficial del Poder Judicial. En ambos casos, el tribunal concluyó que la falta de publicación íntegra de los estudios y anexos en la fase de información pública «desnaturaliza el trámite y determina la nulidad de pleno derecho».
«No estamos ante un fallo menor: es el mismo vicio que ya ha tumbado dos ordenanzas en Madrid», afirma García Narros. «El Ayuntamiento de Coslada no puede seguir adelante con una ZBE que afecta al 97 % de los vecinos sin publicar los documentos esenciales. La ley exige transparencia real, no un trámite vacío», apunta.
Vox exige que el Ayuntamiento publique íntegramente todos los informes técnicos y estudios contratados «para garantizar que los vecinos puedan participar con la información completa que exige la ley». Asimismo, solicita que se entregue al grupo municipal la documentación íntegra requerida en sus reclamaciones anteriores.
«Seguiremos defendiendo a los cosladeños frente a una tramitación opaca y precipitada. La legalidad no es negociable», concluye García Narros.