Vox pide al juez que retire el pasaporte a Zapatero por riesgo de fuga tras su triple imputación
La formación también solicita que el expresidente no pueda salir de España y que comparezca periódicamente ante la Audiencia Nacional.
Vox ha solicitado a la Audiencia Nacional que retire el pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, le prohíba abandonar España y le obligue a comparecer periódicamente ante el juzgado que le investiga en el caso Plus Ultra.
La formación considera que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, por lo que defiende la adopción de medidas cautelares «idóneas, necesarias y proporcionadas» tras levantarse el secreto de las actuaciones.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en una causa que analiza supuestos cobros de comisiones ilegales vinculados a la aerolínea Plus Ultra.
El magistrado lo considera presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias».
Además, el juez ha aceptado la personación en el procedimiento de Vox, PP, Hazte Oír y Manos Limpias como acusaciones populares, siempre que depositen una fianza de 5.000 euros. Este miércoles también ha pedido incorporarse al caso la asociación Liberum.
Vox relaciona los hechos investigados con «la estrecha relación» de Zapatero con Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y otros miembros del Gobierno venezolano. La formación subraya además que España no mantiene convenio de extradición con Venezuela, algo que, a su juicio, incrementa el riesgo de que el expresidente pueda eludir la acción de la Justicia.
El partido también señala que existe «la sospecha más que fundada» de que pueda disponer de recursos económicos en otros países y destaca que Zapatero «no ha confirmado expresamente su voluntad de comparecer» ante el juez, que le ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio.
Por ello, Vox solicita la retirada de cualquier documento de viaje, la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias periódicas ante el juzgado, al considerar que estas medidas deben aplicarse «como a cualquier otro ciudadano» y «sin que su condición de expresidente del Gobierno constituya causa de exención o privilegio procesal alguno».
