Guadalajara multará con hasta 3.000 euros a quienes favorezcan el consumo de prostitución y el uso indebido de instalaciones deportivas
El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado en Junta de Gobierno Local la modificación de la Ordenanza Municipal de Convivencia, una actualización que introduce cambios en materia de seguridad ciudadana, igualdad y uso de instalaciones deportivas.
El concejal de Seguridad, Chema Antón, ha explicado que la revisión responde a criterios de «eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica» y que ha sido precedida por un proceso de consulta pública. Además, ha destacado que en su elaboración «han participado tanto los departamentos municipales implicados como los colectivos especialmente afectados».
Entre las principales novedades figura el refuerzo de la lucha contra la explotación sexual, con la eliminación de cualquier tipo de publicidad que promueva la prostitución o el turismo sexual en espacios públicos, ya sea mediante soportes móviles, vehículos, medios audiovisuales o folletos.
La normativa incorpora una nueva infracción muy grave para quienes favorezcan o fomenten el consumo de prostitución, con sanciones económicas de entre 1.500 y 3.000 euros. «En ningún caso, las mujeres víctimas de prostitución o trata serán sancionadas», ha subrayado el concejal de Igualdad, Roberto Narro.
Además, se refuerza el papel de la Policía Local, que dispondrá de herramientas actualizadas para requerir, investigar, inspeccionar, denunciar e intervenir en espacios donde existan indicios de explotación sexual.
En el ámbito deportivo, la ordenanza regula el uso de las instalaciones municipales tras detectarse accesos irregulares y comportamientos inadecuados en espacios como los campos de fútbol de la Fuente de la Niña o la piscina de verano de San Roque. El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha señalado que estas situaciones generaban conflictos y dificultaban el trabajo de los empleados municipales.
La normativa establece infracciones leves, graves y muy graves con sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros en función de la gravedad de los hechos, manteniendo además un enfoque educativo para los menores con alternativas formativas o sociales.
Tras su aprobación, el texto continuará su tramitación con su paso por Comisión, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y un periodo de exposición pública de 30 días antes de su aprobación definitiva en Pleno. El Ayuntamiento prevé que la nueva ordenanza entre en vigor el próximo mes de junio.