La jueza de la tragedia de Santander en la que murió una joven de Guadalajara señala a Costas como única responsable
La magistrada dirige acción penal contra dos responsables del organismo por el mantenimiento de la pasarela que colapsó.
La investigación judicial por la tragedia ocurrida en El Bocal, en Santander, en la que murieron seis jóvenes —entre ellos una joven de Guadalajara—, apunta directamente a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
En un auto dictado este martes, 24 de marzo, y dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza considera que este organismo es «la única responsable» de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela que se rompió.
La resolución incide además en que Costas es también «la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas» en la senda peatonal en la que se encontraba la estructura que colapsó.
A partir de estas conclusiones, la magistrada ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios: el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación y el director de Obras del proyecto de la senda costera en 2012, que actualmente ocupa la jefatura de ese departamento.
El suceso se produjo el martes 3 de marzo por la tarde, cuando una pasarela se rompió en el entorno de El Bocal, provocando la caída al mar de siete jóvenes vinculados al instituto La Granja de Heras. Cinco de ellos fueron localizados sin vida el mismo día del accidente.
El cuerpo de la joven de 20 años de Guadalajara, Elena Sirbu, fue localizado dos días después, el jueves, durante el operativo de búsqueda en la zona. Un agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional fue quien encontró el cadáver en el litoral santanderino.
Entre las víctimas mortales figuran también dos jóvenes de 19 años de Barakaldo, un joven de 21 años de Balmaseda, una joven de 22 años de Igollo de Camargo y otra joven de 20 años natural de Almería. Además, otra joven, natural de Álava, resultó herida y permanece ingresada.
La jueza que instruye la causa autorizó en los días posteriores la entrega de los cuerpos a sus familias.
El auto sitúa el foco en el estado de la infraestructura en el momento del derrumbe, que provocó la muerte de seis jóvenes en uno de los sucesos más graves registrados en la zona.