La Comunidad de Madrid denuncia el «chantaje» de 60 bomberos forestales en huelga en plena emergencia
El Gobierno regional les acusa de desatender sus bases operativas durante los incendios y anuncia que estudiará acciones administrativas y jurídicas.
La Comunidad de Madrid ha denunciado el supuesto «chantaje» de 60 bomberos forestales en huelga durante la emergencia provocada por los incendios que afectan a la región y ha anunciado que estudiará acciones administrativas y jurídicas para depurar posibles responsabilidades.
En un comunicado, el Ejecutivo autonómico sostiene que este grupo, integrado por 60 trabajadores del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de un colectivo de unos 2.100 bomberos forestales, está ofreciendo «una imagen distorsionada» del funcionamiento de los servicios de emergencia.
El Gobierno regional considera «inadmisible» que la gestión de un gran incendio forestal pueda utilizarse como «una herramienta de presión laboral o de desgaste político» y defiende que todos los recursos deben movilizarse desde los parques y retenes asignados, siguiendo la cadena de mando y los procedimientos de seguridad establecidos.
Según la Comunidad de Madrid, estos trabajadores conocen los destinos asignados para la campaña y el sistema de organización vigente desde hace más de 25 años. Sin embargo, asegura que no permanecen en sus bases operativas, tal y como figura en sus contratos y en las actas de adjudicación de destinos, sino en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas.
El Ejecutivo autonómico rechaza que esta situación pueda interpretarse como una falta de medios o una negativa de la Administración a movilizar efectivos y sostiene que esa versión «altera la realidad» y genera alarma social en un momento especialmente delicado.
Asimismo, recuerda que durante los últimos meses ha mantenido conversaciones y negociaciones con este colectivo, que, según sus datos, representa menos del 1 % de un dispositivo integrado por más de 6.000 profesionales y voluntarios.
Por último, la Comunidad de Madrid ha anunciado que analizará todas las vías administrativas y jurídicas que considere oportunas para depurar responsabilidades si se concluye que estas actuaciones han podido comprometer el servicio público, dificultar la actuación de los dispositivos de emergencia o poner en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio natural.
