La Comunidad de Madrid tramitó 115 denuncias por vertidos ilegales en 2025 con multas de hasta 100.001 euros
La Comunidad de Madrid tramitó el pasado año un total de 115 denuncias a empresas y particulares por vertidos ilegales en el medio natural. Esta cifra representa el 10,1 % de los 1.137 expedientes abiertos por infracciones medioambientales en la región, cuya investigación corresponde al Cuerpo de Agentes Forestales en su labor como policía ambiental.
La mitad de las denuncias se debieron al abandono de restos de construcción y demolición, localizados principalmente en caminos vecinales, vías pecuarias y carreteras en desuso. Un 20 % correspondió a residuos peligrosos —como fibrocemento, disolventes, pinturas, ácidos, detergentes o restos animales—, otro porcentaje similar a la quema de materiales depositados y el 10 % restante a otros residuos como madera o plásticos.
Este tipo de prácticas en espacios no autorizados provoca un grave impacto en el entorno, generando un efecto llamada que favorece su acumulación progresiva, incluso en áreas de especial protección. Además, puede contaminar el suelo y las aguas, constituir focos de infección para personas y fauna, degradar el paisaje, obstaculizar vías rurales y aumentar el riesgo de incendios forestales en épocas de altas temperaturas.
Las denuncias tramitadas por estos agentes se remiten, en su mayoría, a la Subdirección General de Inspección y Disciplina Ambiental, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, o a los ayuntamientos cuando los hechos se producen en suelo urbano. Estas actuaciones pueden conllevar sanciones administrativas que oscilan entre 2.000 euros, en los casos leves, y 100.001 euros cuando son consideradas muy graves, sin perjuicio de que puedan derivar en un delito medioambiental si se produce un daño significativo.
Como ejemplo reciente, el pasado mes de marzo los agentes identificaron a los responsables de un vertido de tres metros cúbicos de escombros en un tramo en desuso de la antigua M-501, en una zona de máxima protección ambiental de la cuenca de los ríos Alberche y Cofio, en el término municipal de Colmenar del Arroyo. Tras una investigación de casi un año, se determinó que los residuos procedían de la reforma de una casa rural en la provincia de Ávila.
La empresa responsable carecía de la documentación que acreditara su correcta gestión en un vertedero autorizado, lo que ha derivado en una multa de 20.000 euros, además de la obligación de retirar los desechos depositados. Junto a los vertidos, las principales actuaciones sancionadoras se relacionan con el uso indebido o estacionamiento irregular de vehículos a motor en el medio natural, así como con infracciones urbanísticas, con mayor incidencia en las zonas este y sureste de la Comunidad de Madrid.
