Torrejón adjudica el Centro de Protección Animal a una empresa que gestiona 19 centros en Madrid: «Seguiremos velando por el bienestar animal»
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha adjudicado la gestión del Centro de Protección Animal a Arat Veterinario Torrelodones S.L., en un proceso que ha generado críticas por parte del PSOE y de la entidad HOOPE, anterior adjudicataria. El Consistorio ha defendido la legalidad del procedimiento y ha asegurado que el servicio se mantendrá con normalidad.
Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento en un comunicado, el Centro de Protección Animal «es un servicio público, de titularidad del Ayuntamiento, creado por el actual equipo de Gobierno local, que lo mantiene y lo va a potenciar con el objetivo de garantizar el bienestar animal».
El Consistorio recuerda que el servicio se presta mediante gestión indirecta, a través de licitación pública, y que «la Ley de Contratos del Sector Público impide que desde el Ayuntamiento se limite la libre competencia y concurrencia», por lo que no puede restringirse «solo a asociaciones».
Asimismo, señala que diversas entidades como Mascoteros Solidarios o EVA han gestionado este centro, siendo el último adjudicatario HOOPE, al que «se le concedió el 7 de abril de 2025, por un importe de 233.825,01 euros anuales». En los últimos años, el Ayuntamiento asegura que ha invertido «1 millón de euros en obras de construcción y mejoras y 2 millones en su gestión».
HOOPE comunicó «la decisión de no proceder a la continuidad del contrato» el 18 de noviembre de 2025, lo que obligó a iniciar una nueva licitación. El expediente se aprobó el 22 de diciembre de 2025 y fue publicado en la plataforma de contratación del sector público.
Posteriormente, la propia entidad comunicó «un desajuste en la licitación del nuevo contrato», por lo que «los pliegos se corrigieron» y se abrió un nuevo plazo de 30 días para la presentación de ofertas. Según el Consistorio, «la solvencia tanto técnica, como económica, es absolutamente proporcional al objeto del contrato».
El Ayuntamiento subraya que «durante ese plazo no hubo ninguna impugnación, ni recurso, ni siquiera alguna pregunta o aclaración» y añade que «el coste del contrato está perfectamente definido en la memoria justificativa».
Respecto a los criterios de adjudicación, señala que «la Ley de Contratos del Sector Público obliga a que el precio sea siempre un criterio» y que «los criterios objetivos que se establecen en los pliegos garantizan la transparencia del procedimiento».
HOOPE «se presentó a la licitación», por lo que «aceptó íntegramente los pliegos de condiciones sin haber interpuesto recurso alguno», añade el comunicado. Finalizado el plazo, se presentaron dos ofertas y los técnicos municipales emitieron informe favorable a Arat Veterinario Torrelodones S.L. «por considerarla mejor oferta».
Esta entidad «gestiona los centros de protección animal de 19 municipios madrileños, destacando entre otros Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Collado Villalba o Torrelodones», destaca el Consistorio.
El Ayuntamiento ha asegurado también que «seguirá velando por el bienestar animal como siempre ha hecho, anteponiendo el cuidado de los animales, independientemente de quien gestione el Centro de Protección Animal», y ha trasladado «un mensaje de tranquilidad a los numerosos torrejoneros amantes de los animales».
Asimismo, ha agradecido a HOOPE «la magnífica labor realizada durante estos años» y ha señalado que «la transición de entidades que gestionaban el Centro de Protección Animal fue compleja» en ocasiones anteriores, aunque «el resultado fue perfectamente satisfactorio».
El Consistorio también ha indicado que desea que «aquellos vecinos que de forma voluntaria vienen colaborando con el Centro de Protección Animal continúen con esa actividad con total normalidad».
Por otro lado, el Gobierno local ha criticado al PSOE al considerar que «es gravísimo que el PSOE esté insinuando que los funcionarios de este Ayuntamiento, o bien son incompetentes o están prevaricando», y ha advertido de que su propuesta de suspender el procedimiento sería «ilegal» y «contraria a la libre concurrencia y transparencia».