La Policía Nacional ha desarticulado una banda que sustraía los datos de identidad de personas mayores de 65 años que acudían a tramitar el abono transporte a un estanco de Carabanchel
Tras un año de investigación, la Policía Nacional ha finalizado la Operación Pensiones: una investigación dividida en dos fases con la que se ha destapado la existencia de un grupo criminal dedicado a cometer estafas de forma masiva, dejando 36 víctimas, todos ellos personas mayores de 65 años de la Comunidad de Madrid, a quienes sustraían sus datos de identidad para pedir créditos y comprar vehículos, teléfonos móviles y equipos informáticos a su nombre. Ya han sido imputados por estos hechos 18 integrantes de la banda, 14 de ellos detenidos y otros 4 investigados, quienes tendrán que responder por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Los primeros indicios de la presencia de esta banda se detectaron en la ciudad de Toledo, cuando dos de sus miembros acudieron al Instituto Nacional de la Seguridad Social y, utilizando documentación falsificada, trataron de obtener unos certificados que acreditasen que varias personas ajenas a ellos percibían una pensión.
Siguiendo el rastro de la documentación, los investigadores relacionaron rápidamente los hechos con el distrito madrileño de Carabanchel -lugar de residencia de las víctimas- y con un estanco de dicho distrito donde al parecer todas ellas habían acudido semanas o días antes para realizar los trámites de solicitud del abono transporte de la Comunidad de Madrid, pese a que dicha actividad no está permitida en este tipo de establecimientos desde el año 2018.
También encontraron a la primera víctima, un varón de 65 años al que una entidad financiera le reclamaba las cuotas de un crédito que al parecer se solicitó para la compra de un vehículo. De este modo, la trama quedó al descubierto, y también el modus operandi que utilizaba y que indicaba que detrás de esta actividad delictiva había un grupo organizado.
El estanco de Carabanchel era su base de operaciones: aprovechando la confianza de los clientes que acudían a este lugar para tramitar el abono transporte, el propietario del establecimiento seleccionaba a las futuras víctimas, mayores de 65 años, y fotocopiaba su documentación.
Un segundo implicado recibía la documentación y se la hacía llegar al resto de integrantes del grupo criminal, quienes se encargaban de falsificar los documentos necesarios para acudir a diferentes organismos públicos con el objeto de obtener justificantes de ingresos de las víctimas con los que después solicitaban créditos a diferentes entidades financieras.
Esta primera fase de la Operación Pensiones permitió detener a 7 personas e identificar 24 víctimas a las que habían causado un perjuicio de 265.309 euros. El registro realizado en el estanco desveló que este grupo criminal tenía en su poder copias fraudulentas de la documentación de más de un centenar de personas, por lo que la investigación entró en una nueva fase que permitió la detención de otras 7 personas, además de implicar a cuatro investigados más por su presunta participación en la trama.
También se pudo localizar a más víctimas estafadas, que tras esta fase ascendían ya a 36 y no se descarta que se incrementen o que se produzcan más detenciones.
Las numerosas estafas que cometió este grupo criminal dejaron un perjuicio de 496.898,50 euros, y gracias a la investigación realizada desde la Comisaría Provincial de Toledo, se evitó que consumasen varias operaciones que les habrían proporcionado un beneficio ilícito de 72.515 euros más.
Además de recuperar parte del material electrónico y los teléfonos conseguidos ilícitamente, se han localizado cinco vehículos que fueron adquiridos de manera fraudulenta por los detenidos.
