Esta semana, además, el Tribunal Supremo ha avalado las rebajas de penas rechazando así el criterio de la Fiscalía y del Gobierno
Los tribunales han acordado al menos 1.127 reducciones de penas a agresores sexuales en aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí, impulsadas por PSOE y Podemos y posteriormente modificada con el voto del PP.
Estas rebajas han supuesto 115 excarcelaciones, según los datos recabados hasta el día 1 de junio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El CGPJ ha hecho público este viernes los datos actualizados a partir de la información recopilada del Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores y las audiencias provinciales, y no incluyen las revisiones que pueden haber tramitado los juzgados de lo penal, competentes en enjuiciar delitos contra la libertad sexual penados con hasta cinco años de prisión.
El Supremo ha reducido 25 condenas; la Audiencia Nacional, una; los tribunales superiores, 133, que han derivado en diez excarcelaciones; y las audiencias provinciales, 968, que han supuesto la salida de prisión adelantada de 105 agresores sexuales.
En el caso del Tribunal Supremo, el 39 por ciento de las sentencias revisadas han derivado en un reducción de condena, porcentaje que baja al 14 por ciento en el caso de la Audiencia Nacional y ronda el 30 por ciento en audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia, aunque no todos ellos han facilitado datos de las resoluciones analizadas.
Entre los tribunales superiores, destacan las 44 rebajas acordadas por el de Madrid, seguido del de Baleares (16) y Andalucía (12).
En el caso de las audiencias provinciales, vuelve a ser la de Madrid la que más condenas ha recortado (126), seguida de las de Barcelona (60), Valencia (55), Alicante (55), Cádiz (49) y Baleares (46).
Esta semana, además, el Tribunal Supremo ha avalado las rebajas de penas rechazando así el criterio de la Fiscalía, lo que supone también un duro golpe al Gobierno de Sánchez que, hasta que se reformó la ley en abril, quiso dejar claro a los jueces que, aunque no se establezca una régimen transitorio para las revisiones de condenas, seguía vigente la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995.
