El Ejecutivo acusa a Madrid de incumplir la ley del aborto e inicia acciones legales para obligarle a crear el registro de objetores
El Gobierno ha anunciado el inicio de acciones legales contra la Comunidad de Madrid por negarse a crear el registro confidencial de objetores de conciencia previsto en la Ley Orgánica 1/2023, un mecanismo que considera esencial para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo ha anunciado en X, donde ha afirmado: «La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99 % de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir». Sánchez ha añadido que el Gobierno solicitará «hoy mismo» a la Abogacía del Estado presentar el recurso ante el TSJ de Madrid y ha asegurado que defenderá «los derechos de las madrileñas en los tribunales».
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido en la misma red social defendiendo «el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia» y afirmando: «Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer». Ayuso también ha señalado que «el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado».
El Ejecutivo central sostiene que la Comunidad de Madrid «mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo» y ha ignorado el requerimiento enviado hace un mes por el Ministerio de Sanidad, en el que se recordaba la obligación de poner en marcha el registro.
El Gobierno señala que el 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad el protocolo para su creación, un acuerdo «de obligado cumplimiento». Tras superar el plazo otorgado y constatar «el rechazo» de Madrid a iniciar los trámites, el Gobierno afirma haber dado instrucciones a la Abogacía General del Estado para que interponga un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Madrid, con el objetivo de que la Comunidad cumpla la ley.
El Ejecutivo sostiene que esta negativa «atenta contra la libertad de las mujeres» y genera «una desigualdad de derechos frente a otros territorios», además de «proteger los intereses de las clínicas privadas», a las que Madrid deriva «más del 99 % de las intervenciones». El Gobierno recuerda que el registro, cuyos datos son confidenciales, permite a los hospitales públicos organizar sus servicios sin recurrir sistemáticamente a centros privados.
El Ministerio de Sanidad envió el mismo requerimiento el 14 de octubre de 2025 a Aragón, Illes Balears y Madrid. Las dos primeras comunicaron de inmediato el inicio de los trámites; Madrid, según el Ejecutivo, «se ha negado reiteradamente» a respetar el mandato legal. El Gobierno concluye que seguirá utilizando «todos los medios a su alcance», incluidos los tribunales, para garantizar que las mujeres accedan a este derecho «con todas las garantías» en la sanidad pública.
