La Comunidad de Madrid considera que «infringe varios preceptos de la Carta Magna» y «es inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional»
La Comunidad de Madrid ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la decisión del Gobierno central de modificar la Ley de Extranjería sobre los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. El Consejo de Gobierno, presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dado hoy la instrucción a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para recurrir el Real Decreto-ley 2/2025 con estos cambios que fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que no van a seguir tolerando desde la Comunidad este reparto «discrecional» acordado por PSOE y Junts, el partido de Puigdemont, según el cual Cataluña recibirá entre 20 y 30 de los 4.000 que se encuentran actualmente en Canarias, mientras que Madrid acogerá a más de 700.
«No les interesa la atención de estos menores, lo que les interesa a Pedro Sánchez y a su Gobierno es garantizarse esos siete votos que necesita para quedarse en La Moncloa. Lo primero que tiene que hacer es poner fin al caos migratorio que vive nuestro país, controlar las fronteras, llegar a acuerdos con los países de origen y ponerse de acuerdo con nuestros socios de la Unión Europea», ha añadido el consejero.
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ese Real Decreto-ley «infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional», ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.
Además, considera que «se vulneran los derechos fundamentales de los menores, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia.
Paralelamente, el texto validado por el Gobierno central es «contrario al principio de solidaridad y lealtad» entre Administraciones. «La aplicación de los criterios de reparto carece de justificación y se han realizado sin contar con las comunidades autónomas. También vulnera el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados», han indicado desde el Gobierno autonómico.
El recurso de la Comunidad de Madrid ante el TC también señala «la inadecuada utilización de la figura del Real Decreto-ley, ya que esta reforma legislativa se tendría que llevar a cabo mediante Ley Orgánica al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos» (arts. 81.1 y 86.1 de la Constitución Española). Además, exige «la extraordinaria y urgente necesidad de tomar medidas», a pesar de que el mismo RDL reconoce que el problema existe desde hace al menos ocho años.
La Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a 10.618 menores de edad extranjeros no acompañados y, en lo que llevamos de año, a un total de 937, han indicado las mismas fuentes.
