Hay siete detenidos de nacionalidad china y se han incautado medio millón de artículos falsificados
Agentes de la Policía Nacional, de la Policía Municipal de Madrid, de las policías locales de Leganés y Getafe, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo organizado dedicado a comercializar material de telefonía móvil falsificado. Los agentes han detenido a seis personas de nacionalidad china por delitos contra la propiedad industrial y grupo criminal.
Además, han desmantelado un taller destinado a la fabricación clandestina de pantallas táctiles y han incautado medio millón de efectos falsificados, ocho vehículos de alta gama, dinero en efectivo y diversa documentación. Todos los productos falsificados contaban con pegatinas que ocultaban aquella parte de la superficie donde figuraba la marca cuyos derechos de propiedad industrial se vulneraban.
La investigación se inició en febrero del presente año cuando la Policía Municipal de Madrid tuvo conocimiento de que una tienda, ubicada en un centro comercial de la capital, estaba vendiendo material falsificado de acreditadas marcas de telefonía móvil. Confirmado este extremo, varias gestiones determinaron que el origen de la mercancía fraudulenta se encontraba en dos locales de Fuenlabrada, regentados por nacionales chinos, en los que se vendían accesorios de telefonía móvil. Asimismo, los agentes localizaron otros dos establecimientos que comercializaban productos falsificados, tres naves industriales en la localidad de Illescas (Toledo) donde almacenaban parte del material, y cuatro domicilios, en Leganés y Getafe, donde guardaban el grueso de los productos falsificados para su posterior distribución a las tiendas.
Los investigados conformaban un grupo criminal estructurado en el que cada uno ejercía un rol diferenciado. Desde la recepción del material procedente de China, su manipulación para hacerlo pasar por auténtico, la distribución a diferentes establecimientos comerciales y su venta al público. Además, destacan las fuertes medidas de seguridad que los investigados tomaban para dificultar la investigación policial. Realizaban labores de contravigilancia en los domicilios donde guardaban el material y alternaban, por temporadas, tanto a las personas que realizaban los transportes, como los vehículos utilizados y los domicilios que servían de almacén.
Todos los productos que comercializaban contaban con pegatinas, u otro elemento similar, que ocultaba aquella parte de la superficie donde figuraba la marca cuyos derechos de propiedad industrial se vulneraban. De esta forma, los vendían como componentes y accesorios de teléfonos móviles compatibles con modelos de ciertas marcas y cuando el comprador retiraba la pegatina se mostraba la marca que simulaban.
En una fase posterior de la investigación se estableció un dispositivo policial por el que se realizaron siete registros, cuatro de ellos en domicilios de Leganés y Getafe y tres en naves de Illescas (Toledo), e inspecciones a cuatro establecimientos comerciales de Fuenlabrada. Cuando se practicaron los registros, los locales y naves se encontraban abiertos al público con personas trabajando en su interior, quedando pendiente de dirimir la responsabilidad penal de los administradores de las empresas en las que se localizaron trabajadores de nacionalidad china sin permiso de residencia ni trabajo en España. Además, en uno de los locales comerciales se descubrió un taller con maquinaria destinada al ensamblaje y posible producción de pantallas táctiles de telefonía móvil, que fue desmantelado.
Como consecuencia de los registros, los agentes incautaron 500.000 efectos falsificados, principalmente pantallas táctiles, baterías, carcasas, fundas, cargadores, cables de conexión y adaptadores. Además, se intervinieron ocho vehículos (furgonetas y turismos) de alta gama, 8.315 euros en efectivo y diversa documentación. Respecto a los efectos falsificados intervenidos, la cantidad fue tal que la Autoridad Judicial ordenó contabilizarlos por cajas. Además, el valor estimado de dicha mercancía, teniendo en cuenta el precio de mercado facilitado por las propias marcas, superaría los 18 millones de euros.
Los agentes detuvieron a seis miembros del grupo criminal, por delito contra la propiedad industrial y grupo criminal. Sin embargo, la investigación sigue abierta ya que existen indicios de que los elevados beneficios económicos obtenidos de la actividad ilícita eran posteriormente blanqueados mediante empresas instrumentales. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.
