La sentencia declara nulo el despido de 12 empleados y obliga al Consistorio a abonarles más de dos años de salarios
El Juzgado de lo Social ha condenado al Ayuntamiento de Alcalá de Henares a readmitir a los 12 trabajadores de la grúa municipal que fueron despedidos el 29 de diciembre de 2023, tras la finalización de la contrata que la empresa Conforvial S.L. prestaba desde hacía al menos cinco años en el depósito municipal de vehículos, según informa SBO Abogados.
El 4 de diciembre de 2023, la Policía Local de Alcalá de Henares, junto a un técnico municipal, se presentó en el depósito y comunicó a la empresa que debía cesar su actividad de recogida de vehículos al haber finalizado la contrata del servicio. Tras un periodo en el que se intentó que el Ayuntamiento se hiciera cargo de los empleados, éstos fueron finalmente despedidos al no producirse la subrogación por parte del Consistorio, como exige el Convenio Colectivo, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Contratos del Estado.
La sentencia, dictada el 26 de enero de 2026 por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, Plaza nº 47 de Madrid, y conocida el 2 de febrero, declara el despido nulo «por no tramitar un despido colectivo y no subrogarse en los contratos de los trabajadores», debiendo el Ayuntamiento readmitirles en sus respectivos puestos de trabajo.
Además, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares debe abonarles los salarios desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el 2 de febrero de 2026, lo que supone más de dos años de nóminas.
El abogado laboralista de los trabajadores, Luis Suárez Machota, de SBO Abogados, ha señalado que «se ha hecho justicia a los trabajadores» y ha lamentado que «ni la alcaldesa Judith Piquet, del PP, ni la concejala responsable, mostrara su voluntad para la negociación de la situación de los trabajadores como se pidió reiteradamente y por escrito, con la excusa del gabinete de la alcaldía de que el asunto estaba pendiente de los juzgados».
En opinión del letrado, «una negociación con los trabajadores hubiera evitado el sufrimiento económico de los trabajadores que llevan más de dos años en paro y le habría ahorrado los costes que le va a suponer cumplir la sentencia», ya que el Ayuntamiento deberá asumir los salarios de los dos años pasados y entenderse con el SPEE para la anulación de las prestaciones de desempleo cobradas.
Los trabajadores confían en que el Ayuntamiento, a raíz de la sentencia, enmiende su rechazo reiterado de dos años y proceda a su readmisión. Incluso si el Ayuntamiento recurriera, deberá darles de alta y pagarles los salarios durante la tramitación del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
