El Ministerio de Consumo ha detectado miles de anuncios irregulares en la capital por usar números de registro falsos, aunque solo una pequeña parte ha podido ser retirada
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha detectado 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb en la ciudad de Madrid, todos ellos por utilizar números de registro falsos, según han indicado fuentes del Ministerio a EFE. Pese a este volumen, solo 300 anuncios han podido ser retirados, una cifra muy inferior a la registrada en otras comunidades autónomas.
Desde el Ministerio explican que el caso de Madrid resulta «especialmente llamativo», ya que, aunque se han identificado miles de anuncios irregulares, no se han impuesto sanciones por la falta de número de registro al no ser obligatorio en la normativa autonómica madrileña durante el periodo analizado, al igual que ocurría en Andalucía y Extremadura. Además, la retirada de estos anuncios dependía en gran medida de la competencia municipal, lo que ha limitado la actuación directa del Estado.
Este escenario se enmarca en un expediente más amplio que ha culminado con una sanción firme de 64 millones de euros (64.055.311 €) a Airbnb, después de que el Ministerio resolviera el recurso de alzada presentado por la plataforma. La resolución agota la vía administrativa y obliga a la empresa no solo al pago de la multa, sino también a eliminar los contenidos ilícitos detectados y hacer pública la sanción.
En total, Consumo ha identificado 65.122 anuncios ilegales en toda España. La infracción más grave corresponde a prácticas comerciales desleales, por publicitar alojamientos turísticos sin licencia, con números de registro falsos o sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa. La cuantía principal de la sanción equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb mientras los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento del Ministerio, una orden de retirada que ya había sido respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La resolución también incluye sanciones accesorias por incumplir las obligaciones de información en contratos a distancia, no responder a los requerimientos de Consumo durante la investigación y desobedecer medidas provisionales, elevando el alcance del expediente sancionador.
Según ha señalado el ministro Pablo Bustinduy, estas actuaciones se enmarcan en el objetivo de combatir la crisis de la vivienda, al considerar que «ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley». El Ministerio subraya, además, que todos estos casos corresponden a periodos anteriores a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, que obliga ahora a incluir un número de registro en todo el territorio nacional.
