La citación coincide con el cese este lunes del jefe de la Guardia Civil en Madrid tras remitir a la jueza un informe sobre la presunta responsabilidad penal del 8M
La titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el posible alcance penal de las manifestaciones del 8M, ha acordado la citación como imputado del delegado del Gobierno de Madrid y líder del PSOE en la región, José Manuel Franco, el próximo 5 de junio, según ha adelantado El Mundo y confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También cita a declarar como testigos por vía telemática al secretario general de la Delegación, al jefe de gabinete del delegado y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
En una providencia, la magistrada ordena una serie de diligencias en la causa abierta contra Franco tras la denuncia de un particular. Al secretario general de la Delegación le solicita que, antes de las 10.30 horas del 1 de junio informe a la unidad de Policía Judicial actuante sobre «relación de resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de concentraciones/manifestaciones dictadas por el Delegado de Gobierno entre el 5 y 14 de marzo 2020, con independencia de la fecha para la que estuviera convocada, remitiendo copia íntegra de estos expedientes»; y «relación de expedientes de concentraciones/manifestaciones que, a fecha 14 de marzo de 2020, estaban pendientes del dictado de resolución por parte del Delegado del Gobierno, con copia íntegra de estos expedientes».
También le pide que informe sobre el oficio de dicha Secretaría General de fecha 20 de abril de 2020, que fue remitido al juzgado a través de la Policía Judicial, relativo a que 21 manifestaciones y concentraciones fueron desconvocadas «bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno», por lo que solicita ampliación sobre en qué fechas se hicieron tales requerimientos desde la Delegación (desde cuándo y hasta cuándo) y cauce por el que se hicieron.
Igualmente, solicita información en relación «con la aplicación informática denominada Gestión de Concentraciones y Manifestaciones en la que se dice todo queda registrado y archivado con asientos electrónicos». Se solicita «soporte documental que evidencie que se dejó constancia en el expediente administrativo y que avale la afirmación de que todo queda registrado y archivado. En caso de que tales requerimientos no hayan sido documentados, razones para no hacerlo y, si así se considera necesario, rectificación».
A la Secretaría General del Ministerio de Sanidad le pide que antes del 1 de junio a las 10.30 horas informe «en relación con el oficio del Ministro de Sanidad de 3 de marzo 2020 sobre Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19: su distribución o difusión (cauce y fecha), si fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente, fecha de remisión y cauce (con copia del documento que lo acredite)».
Al Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa, también le pide «en relación con el comunicado de doña Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad de 6 de marzo de 2020 sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de COVID-19: su distribución o difusión (cauce y fecha, concretamente si se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones) si fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente, fecha de remisión y cauce (con copia del documento que lo acredite). En caso de que no fuera difundido, las razones que existieron para no hacerlo».
Y solicita idéntica información «en relación con cualquier otro documento que, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria, haya sido difundido o publicado en la web oficial del Ministerio o en otra página habilitada específicamente por el Ministerio de Sanidad con ocasión del COVID-19 (en caso de que esta última exista, cuando se creó)».
Además, la jueza requiere al secretario general de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, antes del 1 de junio, informe a la unidad de Policía Judicial actuante, sobre las medidas tomadas por el Gobierno regional antes de la manifestación y publicadas en su página web y sobre «el día y cauce» por el que se comunicó a la Delegación de Gobierno en Madrid las medidas preventivas de salud pública adoptadas por la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus.
Por último, solicita que se remita de nuevo la causa al forense para que, de conformidad con lo indicado en el último párrafo del informe emitido en fecha 19 de abril, amplíe el mismo si lo considerase preciso, debiendo informar antes del día 1 de junio a las 10.30 horas.
En ese informe, el médico forense adscrito al juzgado concluyó que es «cierto y seguro que de haberse impedido esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión del virus». El médico, además, sostuvo que las autoridades debieron «haber advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad».
La juez adopta esta decisión después de recibir un informe de la Guardia Civil que incluye «graves acusaciones contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al que incluso atribuye la comisión de delitos», según apunta El País.
Precisamente por ese informe el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido este mismo lunes cesar al jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Desde Interior apuntan a «pérdida de confianza» del ministro en el alto mando, señalado, según el citado diario, como responsable final de dicho informe y de su envío al juzgado que investiga al delegado por autorizar los actos y manifestaciones que tuvieron luchar en torno al 8 de marzo.
