El PP, por su parte, propone destinar también las partidas económicas de las fiestas a la crisis del COVID-19
El Gobierno de Coslada ha dado luz verde a una partida de 100.000 euros en ayudas para personas afectadas por la crisis del coronavirus, una cantidad que podría incrementarse en caso de que la situación pueda extenderse más en el tiempo y las necesidades así lo determinen, según informa el Ayuntamiento..
El alcalde, Ángel Viveros, ha explicado que esta cantidad «de emergencia social, se extrae del Fondo de Contingencia, tratándose de un total de 100.000 euros que se suman a las cantidades que esta Administración local ya ha dirigido con anterioridad a hacer frente a las necesidades surgidas con el paso de los días». En este sentido, ha añadido que «todas estas acciones tienen que ver con cada una de las diferentes áreas municipales con el propósito de hacer frente a las consecuencias del COVID-19».
Entre otras acciones, estas ayudas se centran en la alimentación infantil, becas de comedor, becas de Escuelas Infantiles, así como ayudas familiares para cubrir necesidades básicas.
El concejal de Servicios Sociales y Mayores, Santiago de Miguel, ha argumentado que «esta situación de emergencia ha abierto también una crisis social que afecta a los colectivos más vulnerables, cuyas condiciones eran ya difíciles desde un punto de vista sociolaboral». Por ello, tal y como ha indicado el edil, «desde el Gobierno de Coslada queremos que esas personas más necesitadas sientan que tienen el respaldo del Ayuntamiento ante esta situación».
El Ayuntamiento recuerda que coincidiendo con el inicio de la crisis, desde el departamento de Servicios Sociales se pusieron en marcha distintas acciones como un servicio de comidas a domicilio para mayores, que también se extendió a los escolares beneficiarios de una beca del Ayuntamiento a quienes se reparte un menú diario.
Igualmente, desde los primeros días, también se han venido concediendo ayudas económicas dirigidas a las personas o familias en situación de riesgo social o vulnerabilidad, cuya cuantía se fija en función del número de miembros. De forma paralela, pensando en el colectivo de personas mayores de Coslada se mantienen activos tanto el SAD, como el servicio de Teleasistencia.
Por su parte, el Partido Popular de Coslada ha pedido que las partidas económicas habilitadas dentro del presupuesto para hacer frente a las fiestas sean dirigidas «de inmediato a atender las consecuencias derivadas de la crisis» del corobavirus.
Para los populares, «la creación de Fondos Extraordinarios dirigidos a las familias y al pequeño comercio, autónomos y pymes, así como el aplazamiento y condonación en el pago de algunas tasas municipales como son el IBI, el Impuesto de Vehículos o el de Terrazas y Veladores y el establecimiento de un Plan de Empleo y Asesoramiento en materia de ERES y ERTES en Coslada son algunas medidas que, tras el anuncio de la suspensión de las fiestas pueden llevarse a cabo con mayor facilidad, al quedar liberado un gasto que no se va a ejecutar».
El portavoz del PP de Coslada, Francisco J. Becerra, afirma que su grupo respalda la decisión del alcalde de suspender las actividades vinculadas a las fiestas locales, «entendiendo que la salud y la seguridad de los vecinos debe prevalecer en estos difíciles momentos», y solicita al Gobierno muinicipal «que tome conciencia de la situación por la que están pasando muchos vecinos, comerciantes y empresarios del municipio, siendo sensibles a su situación, y adopte medidas eficaces y necesarias para poder minimizar el duro golpe que se prevé a lo largo de los próximos meses».
Asimismo, el PP recuerda que «el día 6 de abril termina el plazo para pagar la Tasa de Terrazas y Veladores. Por parte del Equipo de Gobierno se ha establecido una moratoria hasta final de mes pero esta medida resulta claramente insuficiente, ya que no solo es necesario aplazar sino también hay que descontar de la tasa los meses que no se va a poder explotar dicho espacio a consecuencia de la alerta sanitaria. Esta si sería una medida que contaría con el índice de efectividad que demanda un colectivo especialmente afectado, ya que contempla la reducción de gastos con la falta de ingresos de una actividad no desarrollada».
