El animal se encontraba en estado de descomposición cuando los agentes del Seprona lo hallaron
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han denunciado a una persona en la localidad de El Casar (Guadalajara) por no gestionar adecuadamente el cadáver de un perro y no realizar la notificación al veterinario.
El animal había sido arrojado al lado de un camino muy transitado, donde ya se encontraba en estado de descomposición cuando los agentes lo hallaron. Ésta es una de las 114 infracciones relacionadas con la sanidad animal y los animales domésticos que los agentes del Seprona de la Comandancia de Guadalajara han constatado en estos primeros meses de año.
Las actuaciones van desde la investigación de diferentes delitos de maltrato animal a la denuncia de conductas relacionadas con la incorrecta identificación de los animales, la falta de vacunas y desparasitación o las deficientes condiciones higiénico sanitarias de las instalaciones donde se encontraban los animales.
De la misma manera, en la localidad de Pioz, una persona convivía en el interior de un vehículo con dos gatos y dos perros sin respetar ningún tipo de medida higiénico sanitaria.
También en Pioz, varios perros potencialmente peligrosos se encontraban sin censar, sin cartilla sanitaria y su propietario no disponía de licencia ni seguro obligatorio, como estipula la legislación vigente.
Asimismo, meses antes se recuperaba un cachorro en terribles condiciones, absolutamente afectado de sarna y parásitos en una explotación agraria de la localidad de Málaga del Fresno.
Con la modificación del Código Penal se han incorporado al delito de maltrato animal nuevas agravantes que permiten la imposición de penas más graves y que permiten adoptar, asimismo, medidas como el cambio sobre la titularidad y cuidado del animal.
Por su parte, la nueva Ley de Bienestar Animal, incorpora una serie de infracciones en materia de protección y derechos de animales, con sanciones máximas de hasta los 10.000 euros por infracciones leves, 50.000 euros por infracciones graves o hasta los 200.000 euros por infracciones muy graves.
