La Policía Nacional ha detenido a un total de 38 personas y ha llevado cabo cuatro registros en viviendas y establecimientos comerciales
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 personas y desmantelado una red criminal dedicada a constituir uniones de hecho fraudulentas para favorecer la permanencia irregular en territorio nacional de ciudadanos extranjeros.
El entramado formalizaba parejas simuladas con ánimo de lucro y cometía otras falsedades operando en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, si bien varios de sus miembros residían en otras regiones del país.
En el transcurso de la operación, los investigadores realizaron cuatro registros en viviendas y establecimientos comerciales interviniendo en los mismos diversa documentación, teléfonos móviles y armas.
Por estos hechos, a los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, estafa y usurpación de funciones y estado civil.
La investigación se originó en el mes de febrero de 2020 con la intervención de diversa documentación a un hombre que, tras ser analizada, determinó la posible existencia de un entramado que pudiera tener como objetivo el favorecimiento de la inmigración irregular.
Por este motivo, se comprobaron múltiples expedientes de ciudadanos extranjeros y beneficiarios del régimen comunitario formalizados en el Registro de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, encontrándose evidencias de un patrón fraudulento.
Tras numerosas comprobaciones, se pudo determinar la existencia de una organización criminal estructurada que facilitaba la constitución de parejas a cambio de contraprestaciones comprendidas entre los 8.000 y los 12.000 euros por persona para normalizar su situación administrativa.
Una vez identificados los participantes en la red, se diseñó una macroperación que se materializó con la detención de 38 personas involucradas en el entramado (18 hombres y 20 mujeres) tras practicarse cuatro registros, dos en domicilios de los implicados y dos en establecimientos comerciales.
En lo registros se intervino diversa documentación, así como teléfonos móviles y armas. Fruto de estas inspecciones se constató que el entramado delictivo podría haber regularizado a más de 100 personas desde que inició sus operaciones en España, con beneficios cercanos al millón de euros.
El operativo destacó por su complejidad ya que sus responsables adoptaban múltiples medidas de seguridad, tanto en sus desplazamientos como en sus comunicaciones, utilizando numerosos teléfonos móviles y cambiando con frecuencia de domicilio para evitar ser localizados.
La organización criminal contaba con un reparto de tareas definido y especializado. En la cúspide de la pirámide organizativa se ubicaban los responsables, con funciones de control de la red, reparto de misiones y coordinación operativa.
En un segundo nivel figuraban los captadores, que reclutaban a ciudadanos extranjeros y comunitarios para formalizar las parejas simuladas. Contaban para ello con la ayuda de empadronadores, quienes se ocupaban de registrar en múltiples domicilios a estas personas a través de falsedades documentales.
La organización contaba también con empresarios que facilitaban las altas en el régimen de la Seguridad Social y suscribían contratos fraudulentos para aportar medios económicos de subsistencia a la red desarticulada.
Por último, en el último escalón de la organización se situaban los testigos, miembros de la red que, a través de testimonios falsos, facilitaban la inscripción de las parejas de hecho, ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
