Eran expedidos por el precio de 30 euros y siempre figuraban con resultado negativo
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Fuenlabrada a una mujer por vender certificados falsos de test PCR que permitían viajes al extranjero. Los documentos eran expedidos por el precio de 30 euros y siempre se mostraban con resultado negativo sin haber sido sometidos los compradores a prueba médica alguna.
La arrestada falsificaba los informes acogiéndose al formato de un reconocido laboratorio, el cual al percatarse del engaño lo puso en conocimiento de los agentes. Hasta el momento los investigadores han podido determinar 16 falsedades documentales cometidas desde el uno de julio, no descartándose la existencia de más casos.
La investigación arrancó a mediados del mes de agosto cuando el responsable de un laboratorio acudió a la comisaría de Centro para poner en conocimiento que se estaban expidiendo certificados falsificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 con resultado negativo. Además, estos informes figuraban a nombre de su empresa, careciendo del requerido código QR.
También, según el denunciante, los clientes accedían a dichos resultados sin haber sido examinados debidamente por personal sanitario, circunstancia que supone un peligro para la salud pública.
Avanzadas las pesquisas, los investigadores averiguaron la identidad de la presunta responsable de tales hechos, una mujer asentada en el municipio de Fuenlabrada que podría estar vinculada a una agencia de viajes.
Aprovechaba esta condición para ofrecer a los clientes que acudían interesados en viajar al extranjero, la posibilidad de emitir certificados con resultado negativo por el precio de 30 euros, a sabiendas estos de su falsedad. La labor policial permitió verificar 16 transacciones realizadas a través de una plataforma de pagos que correspondían con el concepto «PCR».
Finalmente, a principios de este mes se ha producido el arresto de esta mujer en su domicilio, como presunta responsable de un delito de falsedad documental, la cual pasó a disposición de la autoridad judicial.
Asimismo los agentes prosiguen con sus gestiones de investigación tendentes a la completa identificación de los compradores, ya que hay indicios de la existencia de más personas implicadas en los hechos que podrían haber viajado al exterior gracias a estos informes falsos.
