Denunció ante la Policía que había sido víctima de un atraco en el Parque de San Isidro
La Policía Nacional ha detenido a un joven de 24 años por denunciar que había sido víctima de un atraco en el que le habían robado su teléfono móvil cuando en realidad se lo había prestado durante una fiesta a una chica que lo depositó en una comisaría de Valladolid.
El joven le prestó el terminal de alta gama a esta chica para que ella tratara de localizar el suyo, que había perdido en la fiesta, celebrada el pasado 2 de enero en el recinto ferial IFEMA de Madrid.
Sin embargo, cuando la joven quiso devolverlo, no encontró a su propietario y, al agotarse la batería del teléfono, no pudo contactar con él, por lo que una vez en Valladolid, concretamente el día 5, decidió entregarlo a la Policía para la localización del propietario.
Por su parte, el joven, en un intento de obtener un nuevo terminal, denunció que el teléfono le había sido sustraído pasada la medianoche del día 3 cuando transitaba por el Parque de San Isidro de Alcalá de Henares.
Según su denuncia, fue abordado por tres individuos, quienes le obligaron a quitarse la cazadora y, al negarse a ello, se la sustrajeron a la fuerza, con lo que se llevaron supuestamente el terminal, valorado en 750 euros, y otros 140 euros en efectivo.
Los agentes se pusieron en contacto con el denunciante y le informaron de que habían recuperado su teléfono móvil en Valladolid. Tras personarse en la comisaría, los investigadores procedieron a su detención por su presunta participación en un delito de simulación y un delito de estafa, ya que su compañía aseguradora le había hecho entrega, esa misma mañana, de un terminal telefónico nuevo.
Finalmente, reconoció que su denuncia inicial había sido una invención, con la única intención de poder resarcirse del perjuicio ocasionado si no aparecía su teléfono, por lo que fue detenido.
La Policía ha advertido de las consecuencias y responsabilidades en las que se incurre con este tipo de denuncias, pues la presentación de una denuncia falsa puede suponer la pena de prisión de hasta tres años y un perjuicio económico de hasta los 6.000 euros.
