Se hacían pasar por las víctimas con las que guardaban un parecido físico
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado dedicado a la adquisición de documentos de identidad de origen ilícito para posteriormente cometer delitos de estafa y falsedad documental.
Se hacían pasar por las víctimas con las que guardaban un parecido físico para realizar movimientos bancarios y solicitar préstamos rápidos de dinero obteniendo un beneficio de más de un millón de euros.
En el registro de dos domicilios en Madrid encontraron numerosa documentación que les permitió a los investigadores esclarecer 140 hechos denunciados en varias provincias de la geografía española.
La investigación se inició a mediados del año 2017. Los agentes detectaron un aumento de las denuncias por estafas electrónicas entre ciudadanos de origen chino. El modus operandi era siempre el mismo: las víctimas sufrían la sustracción de su documentación personal que era utilizada posteriormente por una persona de su misma nacionalidad y con un gran parecido.
Los agentes comprobaron que existía un grupo organizado encargado de cometer estos hechos delictivos y que, a pesar de que existía un cabecilla en la organización, actuaba un miembro u otro en función del parecido físico que guardase con las víctimas. Así conseguían en las entidades bancarias cambiar las claves de acceso y otros datos personales de los afectados para realizar operaciones no autorizadas hasta llegar a vaciar sus cuentas. Si tardaban bastante tiempo en darse cuenta de estos movimientos, solicitaban además préstamos rápidos de dinero y contrataban numerosas líneas telefónicas consiguiendo un beneficio de más de un millón de euros.
Tras arduas investigaciones, los policías identificaron a la totalidad de los integrantes del grupo, todos ellos de nacionalidad china, que fueron detenidos el pasado mes de junio. Se realizaron registros en dos viviendas ubicadas en la capital madrileña, donde se intervinieron unos 700 euros en efectivo, 80 gramos de ketamina y numerosa documentación que permitió a los investigadores esclarecer 140 hechos delictivos cometidos en las provincias de Madrid, Toledo, Zamora, Cádiz y Mallorca.
Los ocho detenidos pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de un delito de estafa y falsedad documental habiendo ingresado en prisión siete de ellos.
La investigación continúa abierta ya que los agentes siguen analizando toda la documentación encontrada a la espera de localizar más afectados por estos delitos.
