El Constitucional frena los cambios que pretendía introducir Gobierno en el Poder Judicial e impide que el Senado los vote, como había solicitado el PP
El Tribunal Constitucional ha paralizado, como había solicitado el PP, la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, aprobados ya por el Congreso y que estaban pendientes de votarse en el Senado este jueves, en una decisión sin precedentes en la corte de garantías.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el Pleno extraordinario del tribunal, convocado para estudiar esta cuestión, ha estimado la medida cautelarísima solicitada por el PP gracias a la mayoría conservadora del tribunal, que ha hecho valer sus seis votos frente a los cinco del bloque progresista.
Se trata de una decisión histórica, sin precedentes en la democracia española habida cuenta de que es la primera vez que el Constitucional paraliza una ley en tramitación en el Parlamento. Esta decisión conlleva la paralización inmediata del trámite parlamentario. El TC impide así la votación que tenía previsto llevar a cabo el Senado este jueves para dar el aval definitivo a la reforma legal, tras la luz verde del Congreso.
El PP recurrió la enmienda que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el seno del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) a los magistrados al Constitucional. Y también la que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilita la opción de renovar por sextos y no por tercios. Lo hizo porque considera que el trámite para aprobar las dos enmiendas es de una «manifiesta anticonstitucionalidad» y «antijuricidad».
Y, además, porque entiende que el cambio en el CGPJ «limita las capacidades de propuesta de los vocales al Consejo» y la eliminación del plácet en el Constitucional «supone un atentado frente a la independencia y autonomía del tribunal», al tiempo que la renovación por sextos «contraviene de manera clara, el expreso tenor del art. 159.3 de la Constitución que dispone que se renovarán por terceras partes cada tres años». Ambos trámites, ahora suspendidos.
El aluvión de escritos de Unidas Podemos y PSOE oponiéndose a cualquier cautelar que afectara al trámite legislativo y formulando las recusaciones no ha logrado cambiar la posición del sector conservador, que tan solo ha aceptado su personación en el procedimiento.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la democracia sale «fortalecida» con la decisión adoptada por el Constitucional: «En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón», ha señalado el líder de la oposición en Twitter.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que la resolución del TC debe acatarse pero ha advertido de que la Ley no confiere al citado Tribunal la posibilidad de paralizar la actividad parlamentaria. En este sentido, ha señalado que lo ocurrido hoy es de una «gravedad máxima», porque el TC ha tomado la decisión en un tiempo inusualmente breve y con una mayoría exigua de seis votos frente a cinco.
