La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la repatriación de 19 menores migrantes no acompañados con dificultades para integrarse
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al Gobierno central la repatriación de 19 menores migrantes no acompañados que presentan dificultades de adaptación, según han confirmado desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
La medida se enmarca en el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno regional presentó el pasado 2 de abril contra el decreto de reparto de menores migrantes aprobado por el Ejecutivo central. Madrid considera que este decreto vulnera competencias autonómicas y los derechos fundamentales de los menores, al aplicar «cuotas subjetivas» sin priorizar una adecuada atención individualizada.
Desde el mes de abril, la Comunidad ha comenzado a tramitar peticiones de reagrupación familiar para aquellos casos con imposibilidad real de integración. La Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, órgano colegiado competente en esta materia, ha remitido ya 15 expedientes a la Delegación del Gobierno en Madrid y tiene otros cuatro en proceso.
Cada uno de estos casos ha sido evaluado de forma individual por profesionales especializados. Según la Comunidad, algunos menores llegan a España sin tiempo ni margen para una intervención educativa eficaz. En estos supuestos, el retorno a su entorno familiar se considera la mejor opción, conforme a lo previsto en el reglamento de extranjería.
Desde la Consejería que dirige Ana Dávila subrayan que esta decisión tiene como objetivo proteger a estos jóvenes frente a riesgos como las mafias de tráfico de personas o el consumo de drogas. Añaden que también se trata de garantizar una convivencia adecuada con el resto de menores que sí desean integrarse y siguen su itinerario educativo con normalidad.
La Comunidad de Madrid insta al Gobierno de España a que actúe en los países de origen. Pide que se soliciten a las autoridades diplomáticas los informes exigidos por el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que evalúan las circunstancias personales de los menores. Además, reclama el despliegue urgente de una política exterior eficaz en protección de menores.
