Tras la condena a 6 años de prisión por el saqueo de casi 700 millones de los ERE de Andalucía, la mayor trama de corrupción de la democracia en España
El Gobierno de Pedro Sánchez no descarta que el expresidente socialista andaluz, José Antonio Griñán, pueda beneficiarse del indulto. Sin descartarlo, la portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, ha rechazado hacer «hipótesis» sobre la posibilidad de que el Ejecutivo indulte al expresidente de la Junta de Andalucía.
Rodríguez ha apelado a la necesidad de actuar con «rigor», incidiendo en que elucubrar sobre una posible medida de gracia sería «avanzar muchas pantallas». Asimismo, ha mostrado el respeto del Ejecutivo por todas las resoluciones judiciales y ha recalcado que en este caso todavía no se conoce el contenido de la sentencia.
El Gobierno, por tanto, no ha descartado de forma contundente que un condenado de manera firme por corrupción pueda ser indultado, a pesar de que el PSOE de Pedro Sánchez defendió en el pasado prohibir el perdón en casos de corrupción.
Eso sí, al ser preguntada sobre si el Ejecutivo entiende que al no haber enriquecimiento personal por parte de Chaves y Griñán no hay corrupción, Rodríguez ha destacado que «todos los pronunciamientos judiciales» que ha habido hasta ahora concluyen que así fue en el caso de los expresidentes andaluces.
Los socialistas presentaron en el Congreso en 2017 una proposición de ley para modificar la ley del indulto, cuyo texto decía que «no procederá la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero».
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El primero fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación y el segundo a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, por lo que tendría que ingresar en prisión.
El abogado de Griñán, José María Calero, ha anunciado este mismo martes, en declaraciones a Europa Press, que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) y, en última instancia, solicitarán el indulto, una medida que deberá conceder el Gobierno de coalición.
Para el Ministerio Público ha quedado probado que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control, propiciando un sistema prevaricador donde cada uno de los condenados colaboró para la consecución del fin conjunto». La estafa asciende a casi 700 millones de euros, siendo ésta la mayor trama de corrupción de la democracia en España. Todos los condenados fueron beneficiarios del desvío irregular de fondos públicos para parados, por parte de la Junta, a decenas de trabajadores y empresas afines al PSOE durante una década.
