El Ejecutivo de Sánchez abre la puerta también a que cualquier carretera del país pueda ser de peaje
El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, estableciendo «tarifas asumibles pero que garanticen la financiación». Una propuesta basada en los principios de «quien contamina paga» y «el que usa paga».
Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización» sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según viene reflejado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas a cambio de los fondos europeos.
No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.
Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.
En este sentido, el Gobierno justifica la medida en la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte, pero la principal razón es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras.
El Ejecutivo también aclara que el sistema podría ser «escalable y progresivo», es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje, según informa Europa Press.
