Se les prohíbe abandonar el país y deberán comparecer ante el juzgado cada quince días
El juez Adolfo Carretero ha retirado el pasaporte a Luis Medina y a Alberto Luceño y les ha impuesto la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días por su implicación en la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas, guantes y test Covid, según informa Ep.
El magistrado, al frente del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha interrogado a los comisionistas por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Medina, se le investiga también por un presunto alzamiento de bienes.
El hijo de Naty Abascal ha declarado cerca de media hora y solo ha contestado a las preguntas del juez, negándose a contestar al fiscal y las partes. De igual modo, Luceño ha comparecido durante unos veinte minutos y tampoco ha respondido a las partes.
Las acusaciones populares en nombre del PSOE, Podemos y Más Madrid habían solicitado la retirada de pasaporte y acudir a firmar al juzgado cada quince días. El Ayuntamiento de Madrid y la Fiscalía no han solicitado la adopción de medidas cautelares.
Tras concluir la declaración, el juez ha dictado un auto de medidas cautelares, atendiendo a la petición de las acusaciones populares. Sin embargo, no ha podido notificar formalmente el auto a las partes al irse el abogado del Ayuntamiento de Madrid y el fiscal antes de redactar la resolución.
El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve graves al tener lugar en el momento más álgido de la pandemia cuando había miles de fallecimientos diarios.
El empresario Luis Medina ha confirmado que él llamó a un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para contactar con el Ayuntamiento de cara a posibles contratos para el abastecimiento de material sanitario en las primeras semanas de pandemia y que éste le dio el correo de la responsable de presupuestos del Consistorio.
El magistrado Adolfo Carretero ha tomado declaración por primera vez a los empresarios ante las sospechas de que pudieron embolsarse 6,6 millones de dólares en tres contratos por los que el Ayuntamiento pagó 11,9.
Ambos han defendido, en la línea con su declaración en la Fiscalía Anticorrupción, que cobraron la comisión que estableció el responsable de la empresa malaya Leno, San Chin Choon, porque eran agentes de la misma.
Medina ha confirmado que supo que Luceño podría traer material de China, y él trató de contactar con el Consistorio para ayudar, y por eso habló con la directora de su antigua universidad, que le dio el teléfono del primo del alcalde.
