Fiscalía y acusación particular mantienen su petición de 25 años de cárcel
El jurado popular ha considerado culpable por unanimidad al hombre que apuñaló y asesinó «de forma consciente y voluntaria», con premeditación, alevosía y ensañamiento, a su pareja en Galápagos (Guadalajara) en enero de 2016, delante de su hija de 5 años, según han informado fuentes judiciales.
El jurado popular, formado por cuatro mujeres y cinco hombres, ha emitido su veredicto en el que se determina que el acusado es culpable de los hechos porque «él mismo se autoinculpó» y por las pruebas de los guardias civiles y pruebas forenses.
Considera, asimismo, que es culpable de las 13 puñaladas inferidas a la víctima «de forma consciente y voluntaria», así como de haber causado la muerte de la víctima en presencia de su hija «provocando un mayor sufrimiento».
Tras la lectura del veredicto, las partes han vuelto a hacer, en función del mismo, una solicitud de penas que el juez tendrá que estimar para emitir una sentencia en los próximos días.
Tanto la Fiscalía Provincial de Guadalajara como la acusación particular han entendido que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato por los que piden una pena de 25 años de prisión y seis meses más por un delito de resistencia.
Igualmente, Fiscalía y acusación particular han pedido la privación de la patria potestad de su hija y la prohibición de acercarse a ella, «sea cual sea el lugar en el que se encuentre», así como la prohibición de comunicarse con ella durante 32 años.
Del mismo modo, la Fiscalía solicita que cuando el acusado salga en libertad vigilada la familia de la víctima tendrá que ser avisada como también de sus permisos penitenciarios.
Además, la acusación ha solicitado un año de prisión por un delito de violencia psicológica sobre la menor por «el importante daño psicológico y trauma» que tales hechos han causado en la pequeña.
En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía ha pedido 200.000 euros para su hija, el mismo importe que la acusación particular, que además ha pedido 60.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros más para la menor por daños psicológicos.
Por su parte, la defensa del acusado ha sorprendido al pedir 20 años de prisión por un delito de asesinato, cuando en la última jornada del juicio solicitó la libre absolución, pero no ha reconocido como probado el resto de hechos señalados por el jurado, por lo que cree que no se le debería imputar nada más.
En el derecho a la última palabra, el procesado, que permanece en la prisión de Alcalá-Meco desde que ocurrieron los hechos, manifestó ante el jurado que «si pudiera devolverle la vida, no lo dudaría».
Fuente imagen de portada: Efe.
