El juez no ve delitos en la gestión de la EMVS y el Ayuntamiento acusa a Podemos de intentar tapar su ruptura con este asunto
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Torrejón de Ardoz dictó el pasado 6 de febrero el sobreseimiento (rechazo) de la denuncia presentada por el concejal de Podemos, Luis Andrés Pérez, al entender que no se aprecia delito alguno en la gestión de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS).
Además de al alcalde, Ignacio Vázquez, la denuncia por «presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental», también iba dirigida a Dolores Navarro, concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer; Alberto Cantalejo, gerente de la EMVS; y dos altos funcionarios del Ayuntamiento torrejonero, en relación a la «posible condonación irregular de una deuda de más de 500.000 euros a la EMVS por el impago acumulado durante varios años de impuestos municipales».
Tras conocerse la decisión judicial, el Ayuntamiento ha criticado en un comunicado que se trata de «un burdo y fallido intento por parte de este edil de desviar la atención sobre su absoluto fracaso al destrozar Podemos y su confluencia torrejonera Sí Se Puede donde los otros 4 concejales se han ido o se han enfrentado con él, acusándole de actitudes dictatoriales y acoso político, por lo que le han cesado como portavoz en el Ayuntamiento».
El Consistorio señala que, el sobreseimiento, «demuestra que se trataba de una querella política para intentar tapar la ruptura de su partido en la ciudad y coincidiendo con su cese como portavoz por sus propios compañeros, el 31 de enero, el mismo día que presentó la querella rechazada».
Asimismo, señala que la Alcaldía y el Gobierno local «siempre han mantenido que los procedimientos administrativos tramitados por este Ayuntamiento y por su Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (propiedad 100% municipal), se rigen por los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios municipales pertinentes, siendo supervisados y avalados por estos». «Ha quedado demostrado que esta querella de marcados tintes políticos presentada a tres meses de las elecciones, claramente ha pretendido instrumentalizar la Justicia para conseguir un rédito político, denunciando hechos que se remontan al año 2015», afirma el Ayuntamiento.
En este sentido, recuerda que hace aproximadamente un año, dos de los cinco concejales del grupo Sí Se Puede, confluencia de Podemos, principal partido de la oposición en Torrejón de Ardoz,«abandonaron este y pasaron a ser concejales no adscritos en el Ayuntamiento, lanzando gravísimas acusaciones al concejal Luis Andrés Pérez», al que acusaban de «irregularidades», de «amenazas y hostigamiento», de haber hecho imperar «una política de purgas al más puro estilo comunista-estalinista» y de «la destrucción de un sueño y un proyecto ilusionante».
Como adelantó MiraCorredor, los otros dos concejales que aún quedaban con Luis Andrés Pérez le cesaron el 31 de enero como portavoz de su grupo de concejales Sí Se Puede, «por razones parecidas a las que lanzaron contra él los dos concejales restantes que un año antes abandonaron el grupo», añade el Consistorio.
Por último, el Gobierno local asegura que «seguirá sin entrar en el juego de este concejal, cuya radical trayectoria ha quedado plenamente evidenciada y desautorizada por sus propios cuatro compañeros concejales de su grupo político al cesarle y dirigirle esas gravísimas acusaciones».
Por otro lado, el Consistorio ataca también al PSOE de Torrejón tras presentar un contencioso administrativo «sobre una documentación que les ha sido facilitada en varias ocasiones, por lo que la actitud de este partido de la oposición responde a una dinámica de intentar judicializar la vida política ante su falta de propuestas o iniciativas para la ciudad».
«Solicitan documentación sobre actuaciones realizadas hace una década y, casualmente, presentan este contencioso a tres meses de las elecciones municipales, lo que evidencia el marcado tinte propagandístico del PSOE torrejonero, que puestos a recordar es el único partido en la ciudad que tiene condenado a su ex secretario general y ex primer teniente de alcalde por la comisión del delito de prevaricación», concluye el Gobierno de la ciudad.
