Cristóbal L.C., conocido como El Toba, ha reconocido los hechos tras un acuerdo con la Fiscalía, pero no ha pedido perdón
El pederasta de Valdeavero, como Cristóbal L.C., conocido como El Toba, ha aceptado 98 años de prisión. Lo ha hecho tras reconocer una decena de agresiones sexuales a menores. La confesión se ha producido este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid, donde iba a ser juzgado.
El acuerdo con la Fiscalía se ha cerrado minutos antes de que comenzara el juicio. Este era el tercer proceso judicial contra él. En esta causa, el Ministerio Público pedía la pena más alta: 98 años de cárcel por agredir sexualmente a una decena de menores de la localidad.
En 2023 ya había recibido una primera condena. Fue sentenciado a 19 años de prisión por corrupción de menores y agresión sexual. También se le impuso una década de libertad vigilada y la prohibición de trabajar con menores durante 25 años. Desde entonces, está en prisión.
En febrero de 2024 afrontó otro juicio. En esa ocasión quedó absuelto de los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y exhibicionismo. Y este miércoles llegaba su tercera causa, en la que ha admitido los hechos señalados por la Fiscalía y las acusaciones particulares.
A pesar de haber aceptado los hechos y la pena íntegra, el también conocido como frutero de Valdeavero, por el establecimiento que regentaba en la localidad y donde cometió algunas de las agresiones, no ha pedido perdón a las víctimas ni a sus familias.
La condena se reparte en varias penas: cinco delitos de agresión sexual con violencia o intimidación a menores de 16 años, con diez años de cárcel cada uno; tres delitos de abuso sexual, con seis años cada uno; y dos delitos de agresión sexual con acceso carnal, castigados con 15 años cada uno.
El tribunal también le obliga a pagar 154.000 euros de indemnización a las diez víctimas, diez menores que, cuando se cometieron los hechos, tenían entre 3 y 13 años. El escrito de acusación sostiene que sufrieron tocamientos en la frutería y en el domicilio del procesado.
Por esta causa estuvo en prisión preventiva desde diciembre de 2020 hasta octubre de 2021. Tras su salida se le prohibió residir en Valdeavero y acercarse a menos de 500 metros de los menores afectados, que todavía hoy arrastran secuelas psicológicas por este calvario.
