La Comunidad destina un millón de euros para lograr la reinserción
La Comunidad de Madrid va a destinar 1,06 millones de euros, en los próximos dos años, al programa Redes de reparaciones extrajudiciales y desarrollos educativos para menores infractores que desarrolla a través de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).
El año pasado, la Comunidad de Madrid trató a 352 menores, en ejecución de 386 medidas judiciales, de las que 172 fueron reparaciones extrajudiciales, a través de la ARRMI. El perfil del menor infractor en 2017 fue el de un joven (varón) de 17 años y nacionalidad española.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la licitación del contrato para la gestión de este programa, en el que participan psicólogos, educadores y técnicos de libertad vigilada y con el que se trata de garantizar el adecuado cumplimiento de las medidas impuestas por los jueces a menores a los que no se priva de libertad.
Estas medidas judiciales de medio abierto representan más del 75% del total de medidas que ejecuta la ARRMI cada año. Entre ellas figuran la libertad vigilada, la convivencia con otra familia o grupo educativo, las prestaciones en beneficio de la comunidad, la realización de tareas socioeducativas, la asistencia a un centro de día o la permanencia en el domicilio durante el fin de semana, por ejemplo.
En el caso concreto de las reparaciones extrajudiciales, se trata de una mediación entre el menor y la víctima de su delito, con el objetivo de buscar acuerdos que permitan reparar el daño causado por la conducta infractora.
Los menores a los que se impone este tipo de medidas también son objeto de actuaciones educativas, sociales y terapéuticas para lograr, en último término, su reinserción.
El programa cumple 10 años de existencia aplicándose en todos los municipios de la región. Por poner un caso concreto, en Torrejón de Ardoz, en estos 10 años, se ha atendido a un total de 328 menores infractores. Desde la puesta en marcha de este servicio en el municipio, a través del Centro de Atención a la Infancia y la Familia, el número de menores sometidos a libertad vigilada ha disminuido en un 44%.
El funcionamiento del programa establece que si un menor del municipio comete un delito es juzgado por las autoridades competentes y si se le impone la sanción de libertad vigilada, pasa a la ARRMI. A partir de ahí su caso es seguido por el técnico de Bienestar, quien primeramente accede a la información del menor.
Luego se le cita en el CAIF con sus representantes legales. Habitualmente, el técnico tiene cada semana una reunión de trabajo con el menor y una vez al mes con su familia, facilitando el proceso de socialización e integración del menor a través de una intervención socioeducativa controlada y coordinada con los recursos propios de su entorno.
Trimestralmente se le manda un informe al juzgado, valorando su comportamiento. Por último, se le remite el informe final al juzgado y si se estima oportuno el caso se deriva a Servicios Sociales. Con esta actuación se intenta reconducir al menor a través de la intervención de un profesional.
El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, ha recordado que la ciudad fue «una de las pioneras en este modelo de intervención municipal, gracias al cual, durante estos años de desarrollo, se ha reducido el número de menores derivados con medidas judiciales en un 44%, lo que sin duda representa una buena noticia y confirma que una intervención más cercana al menor y su familia, logra que éste se integre y normalice más eficazmente al poder utilizar y participar de los recursos existentes en la propia localidad».
En este sentido, Martínez cree que «los motivos a los que obedece esta reducción del porcentaje de menores sometidos a medida judicial radican principalmente en la efectividad y aplicación de los recursos comunitarios, con la implicación de cada vez más recursos y agentes sociales».
