Feijóo reúne a los presidentes autonómicos de su partido para ultimar la estrategia común frente a la política migratoria del Gobierno
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este fin de semana en Murcia a los presidentes autonómicos del partido. La cita busca dialogar sobre la agenda común de los territorios que gobierna la formación, en un momento en el que la dirección popular da las últimas pinceladas a su plan sobre inmigración.
El jueves en Formentera, tras reunirse con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, Feijóo aseguró que, si gobierna, serán expulsados los inmigrantes que cometan delitos sexuales. «Somos un país soberano que tiene derecho a elegir quién entra, cómo y para qué», dijo. Añadió que «quien venga a aportar será bienvenido y quien venga a delinquir será expulsado».
El presidente del PP defendió que los inmigrantes son los primeros interesados en la tolerancia cero contra los delitos. Acusó además a Pedro Sánchez de haber convertido la inmigración en un problema. «Quien lo ha provocado ya no puede solucionarlo», afirmó. «En este asunto, como en tantos otros, PSOE y Vox están practicando un bipartidismo irresponsable», señaló.
Feijóo criticó al Gobierno por aplicar una política «racista, insolidaria y desleal». Denunció que reparta a los inmigrantes llegados de forma irregular solo entre comunidades gobernadas por el PP y avanzó que la inmigración será un asunto clave en la reunión de Murcia y que el partido presentará en unas semanas un plan completo para hacer frente a la política migratoria.
Según explicó, el plan se regirá por cinco principios: «no hay política más inhumana que la que no existe»; «tenemos derecho a elegir quién entra, cómo y para qué»; «quien venga a aportar será bienvenido, pero quien venga a delinquir será expulsado»; «los inmigrantes deben aspirar a la suficiencia económica»; y «la inmigración que llega a España tiene que ser, de forma preferente, culturalmente cercana».
Además, calificó de «una inmoralidad» el efecto llamada de Sánchez porque «conlleva arriesgar vidas humanas, fomentar las mafias y generar desorden». «Sánchez es el único político europeo que sigue diciendo que a su país puede llegar cualquiera y quedarse todos», subrayó. También advirtió que «la desidia y la irresponsabilidad» del Gobierno en esta materia ha provocado que los españoles la consideren ya uno de los mayores problemas del país.
Feijóo defiende reforzar la seguridad en las fronteras, planificar la llegada de inmigrantes según las necesidades económicas y sociales y vincular la entrada a un contrato de trabajo. «Los migrantes deben aspirar a la suficiencia económica. Los subsidios no pueden convertirse en un modo de vida», recalcó. «No nos podemos permitir mantener tasas de paro y precariedad más elevadas que las de la población nacional de manera estructural y permanente», explicó.
Desde la cumbre de presidentes autonómicos del PP en Murcia, el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha señalado que la política migratoria es «uno de los desafíos más grandes de España en la actualidad». Tellado ha reafirmado el compromiso del PP en «recuperar el orden y la ley, proteger las fronteras, luchar contra las mafias, expulsar a los que vengan a delinquir y garantizar la integración de quien viene a sumar».
«Nos guiará una máxima: contribuir tiene que ser condición para permanecer. Las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad. El Ingreso Mínimo Vital nació para proteger a quien lo necesita de verdad, no para convertirse en efecto llamada», ha subrayado Tellado. Según sus palabras, la gestión de la inmigración del Gobierno supone un «agravio» para las familias que cotizan, los autónomos, los parados que han contribuido al sistema y para «los cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día».
Entre las propuestas populares figuran eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas, primar la inmigración procedente de regiones culturalmente afines a España, repatriar a quienes cometan delitos y prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos.
