El condenado escribió sus intenciones en un chat de WhatsApp, pidió ayuda a a la coordinadora local de un partido y acumulaba armas de guerra en su casa de Terrassa
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 8 años y 9 meses de prisión impuesta a un hombre por la Audiencia Nacional, por proponer matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por depósito de armas de guerra.
Los hechos ocurrieron en 2018, cuando el condenado participaba en un chat de WhatsApp titulado «Terrassa por España», donde expresó su rechazo a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y reivindicaba abiertamente el pasado franquista.
A partir de junio de ese año, comenzó a mostrar su rechazo hacia el presidente del Gobierno, y el 19 de agosto escribió: «Al Sánchez hay que cazarlo como un cuerno (ciervo) y poner la cabeza en la chimenea. Tantos cazadores en España y ninguno tienen cojones. Solo matan pobres animalitos que no rompen España, a este hay que cazarlo».
El 12 de septiembre, contactó por WhatsApp con la coordinadora de un partido político local, convencido de que podía proporcionarle apoyo o contactos para ejecutar su plan. Le pidió una reunión personal y le dijo: «Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez. Antes de que hunda del todo a España».
La mujer, al percibir la amenaza como creíble, puso los mensajes en conocimiento de los Mossos d’Esquadra de Rubí. La Policía catalana registró su domicilio y encontró un arsenal de armas en su vivienda familiar de Terrassa (Barcelona).
Durante el proceso judicial, la defensa alegó que los mensajes eran simples fantasías narcisistas, que el acusado sufría un trastorno psicológico y que no existía una intención real de cometer un asesinato.
Sin embargo, el Supremo considera que los mensajes constituyen una proposición de homicidio seria, y que no eran un desahogo, sino un intento de buscar colaboración para llevarlo a cabo, teniendo en cuenta su perfil y el arsenal encontrado.
En su casa se hallaron diez armas de fuego, varias en perfecto estado de funcionamiento, entre ellas un revólver ASTRA, una carabina CHIAPA, un fusil de asalto CETME y una escopeta que figuraba como destruida, pero estaba operativa y cargada.
El tribunal valora también que el acusado estaba entrenado en un club de tiro, tenía munición suficiente y contaba incluso con una agenda con información sobre el presidente, lo que reforzaba la seriedad de su plan.
La Sala concluye que la interlocutora entendió que se trataba de una amenaza real, lo que la llevó a contactar con la Policía. Por eso, ratifica la condena: cinco años por depósito de armas de guerra y tres años y nueve meses por proposición de homicidio.
