El magistrado Leopoldo Puente adopta la medida tras las comparecencias en las que Fiscalía y acusación popular alertaron del riesgo de fuga
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado este jueves la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el exministro socialista de Fomento, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García Izaguirre, investigados por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
La medida llega después de que Fiscalía y acusación popular solicitaran su ingreso en prisión en las comparecencias celebradas en la jornada de hoy.
En su resolución, el instructor sostiene que, tal como han expresado las acusaciones, existen «indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos», y que el posible riesgo de fuga es, en este momento, «extremo».
Por este motivo, considera que las medidas cautelares que se aplicaban hasta ahora —comparecencias periódicas en el Juzgado y retirada del pasaporte— no bastan para neutralizar ese riesgo.
El magistrado subraya además la existencia de «numerosos indicios racionales de criminalidad» contra ambos investigados, ya formalizados en una resolución judicial de imputación.
Recuerda también que la instrucción ya ha concluido y que las acusaciones han solicitado «muy graves penas privativas de libertad», con un juicio previsiblemente próximo.
En el auto relativo a José Luis Ábalos, el juez ordena que la Letrada de la Administración de Justicia comunique esta resolución a la presidenta del Congreso de los Diputados, dado que el investigado es miembro de la Cámara. Igualmente, se remitirá el auto de 3 de noviembre —el auto de procedimiento abreviado— para facilitar la comprensión de lo acordado, conforme al artículo 14.1 del Reglamento del Congreso.
La causa que afrontan ambos se centra en el presunto cobro de mordidas vinculadas a adjudicaciones supuestamente irregulares, un entramado que, según la investigación, habría permitido beneficiarse de contratos públicos mediante pagos ilícitos.
