Entre otras cosas contempla desmantelar el sector más conflictivo
La Comunidad, los Ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada, los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea y la Delegación del Gobierno han firmado el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, un acuerdo histórico que transformará lo que han calificado como «herida abierta».
Así lo ha asegurado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, tras firmar el Pacto, que busca poner fin a un problema que arrastra la región desde hace más de 50 años, que afecta a las 7.300 personas que viven a lo largo de sus 14 kilómetros y que presenta diferentes problemáticas que, durante décadas, han supuesto un desafío para los gobiernos de la Comunidad y para los Ayuntamientos.
Cifuentes ha subrayado la importancia de que el Pacto haya sido fruto del consenso de todas las administraciones y fuerzas políticas, lo que facilitará que se solucione esta «dura y cercana realidad que existe a muy pocos kilómetros de la Puerta del Sol y que no podemos ignorar ni mirar hacia otro lado, porque es una situación radicalmente incompatible con nuestro modelo de sociedad».
«Gracias a todos va a ser un éxito colectivo, un éxito de la sociedad madrileña», ha vaticinado Cifuentes, que ha celebrado que el interés por mejorar la vida de los vecinos haya prevalecido sobre las discrepancias políticas.
La presidenta ha garantizado que la transformación de la Cañada Real va a comenzar a ser una realidad «ya mismo, gracias a un Plan de Choque de 1,5 millones que va a permitir desarrollar medidas inmediatas para mejorar la vida de sus habitantes».
Medidas como mejorar los viales para facilitar la recogida de basuras, permitir que haya rutas escolares o ampliar el servicio de autobús de la EMT. También se contempla extender la red de suministro de luz y de agua, una medida que no se había acometido hasta ahora.
«Hoy es el día cero», ha seguido diciendo Cifuentes, que ha explicado que como primer compromiso, el Pacto garantizará el derecho a la vivienda a todos los habitantes de la Cañada que cumplan los requisitos previstos, como estar censados antes de diciembre de 2011, y para los que no lo estuvieran se estudiará la posible celebración de un convenio que les ofrezca una solución residencial.
Además, a corto plazo se va a negociar un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para concretar cómo se va a realizar el desmantelamiento del sector 6, el área más conflictiva y que tiene afecciones urbanísticas insalvables, a las que se unen la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y los problemas de tráfico y consumo de drogas.
Tras la firma del Pacto se convocará a los tres órganos que forman la estructura organizativa permanente para garantizar su cumplimiento: la Asamblea de la Cañada (órgano de debate en el que participan las administraciones, partidos, entidades sociales y vecinos); el Comité Ejecutivo (que adoptará las decisiones y en el que participan la Delegación del Gobierno, representantes de la Comunidad y de cada ayuntamiento); y la Comisión de Seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento del pacto.
Por su parte la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha destacado la colaboración ciudadana de las organizaciones que trabajan en y desde la Cañada para conseguir un Pacto firmado «por diferentes administraciones de diferente signo político».
La regidora madrileña ha pedido una nueva reunión dentro de cinco o seis meses para ver el grado de cumplimiento de las promesas que se han rubricado.
El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, ha subrayado que con este Pacto «se pone punto y final a un «modelo de gestión de la exclusión social» que había trazado una gran brecha en el sureste madrileño, una zona cuya seña de identidad era «la parte más estigmatizada de la Cañada».
Para el regidor ripense se abre una nueva oportunidad de relación entre centro y periferia y de desarrollo de una zona con carencias, que ha delimitado por Vallecas y Fuentidueña del Tajo.
«Ha primado el sentido común, la responsabilidad y el interés general de nuestros vecinos y vecinas», ha asegurado el alcalde de Coslada, Ángel Viveros Gutiérrez, que tras admitir que la zona del poblado que afecta a su localidad (el sector I) es la de mayor sencillez, ha pedido que el Pacto «no quede en papel mojado».
