Las víctimas eran trasladadas a España desde Uruguay para ser explotadas ejerciendo la prostitución en el polígono La Garena y en una finca de Alcalá
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado, mediante un operativo simultáneo llevado a cabo en España y Uruguay, una organización criminal transnacional dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos.
En la operación han liberado a cuatro mujeres que eran explotadas sexualmente tras ser trasladadas desde su país de origen, donde vivían en situación de necesidad económica, para ser obligadas a ejercer la prostitución en la vía pública y en una casa de citas de la localidad madrileña de Alcalá de Henares.
Ocho personas han sido detenidas -cinco en España y tres en Uruguay- acusadas de ejercer la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en ambos países. La investigación se inició desde el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, gracias a la información aportada por una ONG.
La organización trasladaba a las mujeres desde su país de origen hasta España, donde eran recogidas a su llegada al aeropuerto por los principales responsables de la organización o por sus familiares. A continuación, las trasladaban hasta domicilios particulares de Alcalá de Henares o de Guadalajara, o bien se encargaban de que las víctimas se desplazaran en taxi hasta estos domicilios.
Las mujeres contraían una deuda que incluía el pago del alquiler y la manutención por su estancia en la finca donde eran explotadas, y que debían saldar ejerciendo la prostitución. Los investigados desarrollaban su actividad principalmente en una finca de Alcalá de Henares y en las calles del polígono industrial La Garena, de la misma localidad.
Los implicados se servían de familiares en territorio nacional para el control de las víctimas, constituyendo así una organización criminal caracterizada por una fuerte estructura y diferenciación de funciones. La forma de captar a los clientes se realizaba a través de anuncios publicados en webs de contactos. También se realizaba directamente ofreciendo sus servicios en las calles del propio polígono.
Las víctimas vivían en situación de vulnerabilidad y de gran necesidad económica en Uruguay. Cuando eran trasladadas a España, se les obligaba a ejercer la prostitución en condiciones muy precarias e insalubres, tanto en el interior de la finca como en las propias calles del polígono industrial donde esta se ubicaba.
Antes de su traslado definitivo hasta el lugar donde ejercerían la prostitución, los implicados llevaban a sus víctimas a comprar ropas sensuales para mostrarse ante los clientes. Cuando llegaban a la finca, se les indicaban los precios de los servicios sexuales, que oscilaban entre 20 y 30 euros.
La deuda económica ascendía a 3.500 euros en conceptos de traslado, documentación y ropa, que debían saldar a través de la explotación sexual. Los responsables de la organización se quedaban con el 50% de los beneficios económicos que resultaban de la explotación de las mujeres.
Las víctimas también debían pagar la cantidad de 20 euros al día en concepto de alojamiento y manutención. Además, la organización les racionaba la comida.
El horario que debían cumplir era de lunes a sábado desde las 10 hasta las 20 horas. Se les obligaba a ejercer la prostitución hasta en las condiciones más adversas, incluso durante el temporal de nieve Filomena y a temperaturas bajo cero.
La investigación se inició desde el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, gracias a la información aportada por una ONG. Las averiguaciones policiales culminaron con cuatro personas liberadas y con ocho detenidos, cinco de ellos en España por los delitos de pertenencia a organización criminal y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y tres en Uruguay por el delito de trata de seres humanos, habiendo ingresado cuatro de ellos en prisión provisional.
También se han llevado a cabo seis entradas y registros, uno de ellos en una finca situada en Alcalá de Henares, dos en Guadalajara y otros tres en domicilios ubicados en Montevideo, la capital de Uruguay. Se ha incautado diversa documentación, efectos informáticos, 16.470 euros, 56.000 dólares y 360 pesos argentinos en efectivo, además de numerosas joyas y efectos de valor.
La Policía Nacional recuerda que cuenta con la línea telefónica 900-10-50-90 y el correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
