La portavoz del Gobierno regional ha explicado que ni el Sescam ni el Gobierno regional pueden obligar a los médicos a practicar abortos
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado que en los hospitales públicos de la región no se practican interrupciones voluntarias del embarazo porque todos los profesionales están acogidos a la objeción de conciencia, un derecho «constitucionalmente reconocido».
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, quien ha aclarado que en estos hospitales públicos sí que se practican interrupciones del embarazo cuando está en riesgo la salud de la madre y del feto. «Ahí no hay ningún tipo de objeción de conciencia, al menos que yo tenga conocimiento», ha apuntado a preguntas de los medios.
Además, ha asegurado este pasado miércoles que en Castilla-La Mancha una mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo en la sanidad pública puede hacerlo, pero no en los hospitales públicos, sino en dos clínicas concertadas, situadas en Albacete y Ciudad Real, «con las máximas condiciones de calidad, de seguridad y de intimidad para las mujeres».
«Muchas mujeres prefieren las clínicas privadas porque es más discreto y prefieren no ir a un hospital», ha comentado Fernández, al mismo tiempo que ha explicado que ni el Sescam ni el Gobierno regional pueden obligar a los médicos a practicar abortos, recordando que la nueva ley «no elimina» el derecho de objeción de conciencia por parte de los profesionales «porque hay que respetarlo».
Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley del aborto, que, en teoría, garantizará el aborto en la Sanidad Pública y pone especial énfasis en la cercanía del domicilio de las mujeres con el objetivo de acabar con los desplazamientos a cientos de kilómetros que cada año realizan cientos de mujeres para interrumpir su embarazo.
La ley garantizará la objeción de conciencia como un derecho individual y será regulada del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para que siempre haya personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En este sentido, la norma deja claro que quien se declare objetor, lo será tanto en la sanidad pública como en la privada.
Con la nueva ley, las mujeres de 16 y 17 años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso paterno y las mujeres que se sometan a un aborto tendrán derecho a una baja incapacitante, al tiempo que se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo.
Además, la nueva ley dedica una baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes que será financiada 100% por el Estado y se incorporará la baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad. Además, en institutos, prisiones, centros cívicos, etc, se repartirán gratuitamente tampones y compresas.
