El juez ha dejado en libertad provisional al empresario bajo la condición del pago de una fianza que deberá depositar antes del próximo jueves
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dejado este jueves en libertad provisional al empresario y productor José Luis Moreno, detenido el martes en la Operación Titella, bajo la condición del pago de una fianza de tres millones de euros que deberá depositar antes de las 15:00 horas del próximo jueves 8 de julio.
José Luis Moreno ha abandonado a las 15.30 horas la sede de la Audiencia Nacional, saliendo a pie por la rampa del garaje del edificio anexo en el que se encuentran los calabozos. A la salida le esperaba un coche de la marca Lexus en el que se ha ido sin hacer declaraciones, a pesar de los numerosos medios de comunicación que esperan su salida en la puerta.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el secreto de la causa, ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que pidió libertad provisional para el productor y otros tres detenidos que han sido puestos este jueves a disposición judicial, informa Efe.
Se trata de Marta Dillet Gran, administradora de varias de sociedades investigadas en esta trama, Antonio Luis Aguilera, a los que ha puestos fianzas de 10.000 y 200.000 euros, respectivamente (para lo que también les ha dado hasta el próximo jueves de plazo), así como de Javier Villalba, al que ha dejado en libertad solo con la obligación de comparecencias periódicas en el juzgado.
Además de las fianzas, y también a petición del fiscal, el juez ha impuesto a los cuatro comparecencias periódicas, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de fijar un domicilio en el que estar localizables. En la operación policial hay un total de 53 detenidos.
En su comparecencia ante el magistrado, el popular ventrílocuo se ha acogido a su derecho como investigado a no prestar declaración. Se le investiga por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes. La operación ha supuesto el desmantelamiento de una supuesta red de estafadores que contaba con más de 700 sociedades con las que defraudaron más de 50 millones.
