Las cinco asociaciones mayoritarias exigen la retirada de las reformas por comprometer la independencia judicial y la separación de poderes
Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración en Madrid el sábado 28 de junio frente al Tribunal Supremo. También han anunciado una huelga en toda España para los días 1, 2 y 3 de julio si el Gobierno no retira las reformas judiciales en tramitación.
Las protestas han sido acordadas tras consultar a las bases. Las asociaciones consideran en un comunicado que son medidas «legítimas, responsables y proporcionadas» frente a unas reformas que afectan a la «independencia judicial», la «separación de poderes» y la «autonomía del Ministerio Fiscal».
La concentración tendrá lugar a las 12:30 horas en la Plaza de las Salesas. Está abierta a «todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente».
El comunicado aclara que se trata de una movilización «estrictamente institucional». Se convoca «al margen de cualquier adscripción partidista» y «no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo». El objetivo, subrayan, es «defender el Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho».
Las cinco asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Si no se produce la retirada de las reformas, habrá huelga en toda España los días 1, 2 y 3 de julio. Después, las asociaciones «procederán a una revisión conjunta de la situación» para valorar la continuidad del paro. Esa evaluación se hará en función del respaldo de las bases. Buscan una «respuesta unitaria, proporcionada y sostenida» para defender los valores del Estado de Derecho.
Las asociaciones han acordado estas medidas tras el «masivo seguimiento del paro» del pasado 11 de junio. Lo consideran una muestra de la «firme respuesta» de jueces y fiscales frente a las reformas.
Piden la retirada del «Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial» y de la «Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal». Aseguran que las reformas incluyen «medidas altamente perjudiciales» que no responden a una «demanda social real» y que aumentan el «riesgo de politización de la justicia».
También critican el anteproyecto para dar a los fiscales la instrucción penal. Lo consideran una «oportunidad perdida» para reforzar su autonomía y un retroceso que «incrementa el poder del Fiscal General del Estado» sin «contrapesos ni garantías suficientes». Por eso, exigen la retirada del anteproyecto y la redacción de un nuevo Estatuto que «dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia» y cuente con «todas las asociaciones de fiscales».
En paralelo, las asociaciones han mantenido reuniones con «grupos parlamentarios y operadores jurídicos relevantes». Les han trasladado su preocupación y han reiterado su petición de retirada de los proyectos legislativos. Concluyen que estas acciones demuestran su «compromiso firme, sereno y unitario» con una justicia «independiente, imparcial y sujeta a los principios constitucionales y democráticos».
