Entre los acusados, un policía y el dueño de una discoteca
La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid celebra desde este martes, 6 de febrero, y hasta el próximo 1 de marzo, la vista oral contra 16 miembros de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en Torrejón de Ardoz, entre ellos un antiguo subinspector de la Policía Nacional en Torrejón y siete empleados de una aerolínea.
Según informa la Fiscalía, el Ministerio Público pide la mayor pena, 20 años, para el subinspector Antonio M.P. por un delito continuado contra la salud pública, y por los delitos de encubrimiento, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.
Tal y como señala el Fiscal, el subinspector participaba en la administración del negocio y, valiéndose de su condición de policía, facilitaba a los miembros del grupo información de relevante interés policial y judicial, mientras que su mujer, Ángela T. L., le sustituía en sus tareas de transmitir y recibir información mientras trabajaba en comisaría.
Por su parte, un sobrino de Ángela, Diego Armando C.T., se encargaba de adquirir la cocaína y, para ello, contactó con Julián Yesid G. L. a fin de conseguir reclutar a personas que trabajaran en el aeropuerto de Barajas para que, a cambio de dinero, hiciesen la vista gorda con los bultos y equipajes que contuvieran la droga.
Se trata de un grupo de siete empleados de una compañía de vuelos de bajo coste, quienes se encargaban de recoger los bultos que contenían la droga del avión y dejarlos en un punto previamente acordado para que otras personas se encargaran de llevarlos a su destinatario final.
Cuando una de las descargas salió mal, Julián Yesid G.L. ideó dos vías alternativas de entrada de la droga sin que intervinieran los trabajadores de la compañía aérea. La primera era remitir la cocaína en el interior de paquetes postales y que una vez en España un conocido fuera el encargado de entregárselo en persona.
El primer intento fue el envío de un libro de cocina peruana en el interior de un paquete postal sin que contuviera droga para comprobar el método.
La alternativa era enviar maletas facturadas desde un aeropuerto suramericano con destino a otro español, pero distinto al de Madrid Barajas, y recogerlas en la zona de tránsito.
En uno de esos vuelos, que hacía el recorrido desde Caracas a Ibiza con escala en Madrid, la Policía requisó al grupo una maleta en cuyo interior había 15 kilos de cocaína.
El Ministerio Público atribuye a los acusados dos delitos continuados contra la salud pública, otros dos delitos contra la salud pública, un delito de encubrimiento, un delito continuado de revelación de secretos, un delito de infidelidad en la custodia de documentos y dos delitos de falsedad documental y solicita una pena de entre 20 años de prisión y siete años y nueve meses de prisión, según la responsabilidad penal de cada uno de los procesados y su grado de participación en los hechos acreditados. En conjunto, la petición del Fiscal asciende a una pena total de casi 175 años de prisión.
